El 1 de enero de 2012 se iniciaba la mayor privatización de la historia de Cataluña: la concesión durante 50 años de la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona por 1.000 millones de euros. Hoy se cumple el primer aniversario del inicio del trabajo por parte del adjudicatario pero el proceso todavía se encuentra en los tribunales por la reclamación de Aguas de Barcelona (Agbar) y su admisión por parte del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC).
Para la Generalitat de Cataluña, la circunstancia más grave no es el hecho de que un proceso tan importante y voluminoso (clave para cuadrar las cuentas del Gobierno catalán en 2012) esté aún pendiente de la decisión de los jueces sino que a medida que transcurre el tiempo se incrementa la cuantía económica a la que tendría que hacer frente en concepto de indemnización si, definitivamente, los tribunales deciden revocar la concesión.
Lo que al principio se trataba de la devolución del anticipo de casi 300 millones pagado por el concesionario (que pagaría un hipotético nuevo adjudicatario) se ha convertido en un montante superior a los 400 millones de euros, dado que el grupo de Acciona exige además una compensación por las inversiones realizadas en todo este tiempo, los costes de la financiación y el lucro cesante.
Apenas 24 horas después de iniciarse la concesión, el OARCC, dependiente del Gabinete de Presidencia, emitió un dictamen contrario a la adjudicación de ATLL al consorcio que encabezan Acciona y el banco brasileño BTG Pactual (con una participación del 39% cada uno).
Desde el primer momento, los componentes del consorcio han sido muy claros: reclamarán hasta el último euro en el caso de que la resolución de los tribunales apunte hacia la revocación de la concesión.
En manos del Supremo
Tanto la Generalitat como Acciona recurrieron la decisión del OARCC al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, por el momento, se ha pronunciado en sentido negativo sobre las medidas cautelares solicitadas tanto por el Gobierno autonómico y el concesionario como por Agbar, que pretendía que Acciona dejara de gestionar ATLL en tanto en cuanto no se resolviera definitivamente la reclamación.
Acciona y BTG Pactual han manifestado su intención de recurrir al Tribunal Supremo (como ya han hecho con la desestimación de las medidas cautelares) si el TSJC fallara en su contra sobre el fondo del asunto, acerca del que aún no se ha pronunciado.
Mientras la Generalitat se piensa la próxima maniobra, el tiempo juega en su contra. Cuanto más se prolongue el proceso judicial, mayor se hará la bola que genera cada día que el adjudicatario opere el suministrador del agua en alta (desde el origen hasta los depósitos) porque cada día será reclamado al Gobierno catalán ante una hipotética resolución contraria de los tribunales.
Inversiones, financiación y lucro cesante
Los costes asociados a la concesión se basan en el coste de la financiación de la concesión (el consorcio tuvo que adelantar un pago de 300 millones de euros), más el canon anual que debe pagar hasta completar la oferta de 998 millones de euros por la que se llevó la adjudicación (debe abonar una cantidad a lo largo de los 50 años de la concesión, con lo que, por el momento, en la factura ya se incluye la de 2013). En el pliego de condiciones también se habla del lucro cesante aunque no se especifica si se refiere a la duración completa del contrato.
Igualmente, el consorcio reclamará el importe de la inversión que ha realizado en las instalaciones de ATTL, cuyo grueso se desembolsará en los primeros años de la vigencia del contrato.
