Un año después de su entrada en funcionamiento, la polémica concesión de Aguas del Ter-Llobregat por parte de la Generalitat de Cataluña al consorcio liderado por Acciona continúa inmersa en un proceso judicial. Pero los doce meses transcurridos no hacen sino incrementar la indemnización que el Gobierno catalán deberá pagar al adjudicatario si finalmente los tribunales dictan que la concesión debe ser revocada. Por el momento, en tan marcado aniversario, la cuantía superaría ampliamente los 400 millones de euros.