El proceso de privatización de la gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) se complica por momentos. A finales de la semana pasada, la Generalitat presentó el anunciado recurso contra la decisión del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARC), dependiente de Presidencia, de revocar la adjudicación del contrato al consorcio liderado por Acciona y el banco brasileño BTG Pactual. Un documento en el Gobierno catalán insinúa que si la revocación se hiciera efectiva tendría complicado poder compensar como debería al adjudicatario.
Es decir, que la Generalitat no podría hacer frente al pago de los casi 300 millones que la alianza ganadora depositó en el momento de la firma del contrato, el pasado 27 de diciembre, el mismo día en que el nuevo Gobierno catalán tomó posesión. De hacerse efectiva la revocación, del Ejecutivo que preside Artur Mas se vería en una complicada situación porque no sólo tuvo que hacer uso de forma inmediata de la citada cantidad sino que también procedió a consignar en su balance los algo más de 700 millones de euros restantes que completan el precio de la adjudicación y que se irán abonando a lo largo de los 50 años que dura la concesión.
De manera sorprendente, el OARC emitió una resolución cinco días después de la firma del contrato en la que estimaba de forma parcial un recurso presentado contra la adjudicación a Acciona por parte de Aguas de Barcelona (Agbar), que también aspiraba a hacerse con el contrato. Más sorprendente aún ha sido el hecho de que la Generalitat haya recurrido la decisión de un organismo que depende del Departamento de Presidencia.
Pero el asunto se tiñe ya de tintes surrealistas porque ambos consorcios recibieron en su día una comunicación oficial del OARC en la que hace constar que no presenta ninguna objeción al resultado del proceso, pese a que Agbar había presentado ya un recurso contra la resolución de la licitación.
Precisamente, la presentación de este recurso hizo que ambos consorcios instaran al OARC a pronunciarse antes de dar el siguiente paso, el de la firma. La comunicación del OARC llevó al consorcio de Acciona a presentarse el 27 de diciembre al acto de la firma del contrato y con el dinero.
El consorcio de Acciona ya manifestó al conocer el sorprendente y meteórico cambio de criterio del OARC que en el caso de que la revocación se llevara a cabo solicitaría la devolución inmediata de ese adelanto más una cantidad por determinar en concepto de daños y perjuicios.
El adjudicatario está trabajando en la concesión desde el pasado 1 de enero, como reza el contrato, y ya ha llevado a cabo sus primeras inversiones, además de tener un compromiso con los trabajadores de mantener los empleos a lo largo de toda la concesión. Cuanto más tiempo tarde en resolverse el caso, mayor sería la teórica compensación. Un esfuerzo financiero que, ahora mismo, la Generalitat no se puede permitir.
