El Gobierno no quiere abrir un nuevo frente de conflicto con las comunidades autónomas y esta actitud va a limitar el alcance de la ley de unidad de mercado que estudiará en breve el Consejo de Ministros. Hay regiones que han pedido a Economía coraje en la reforma para agilizar el funcionamiento y la creación de empresas, pero Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía rechazan perder competencias y frenan cambios más ambiciosos.

El recurso presentado por la Generalitat ante los tribunales de lo Contencionso-Administrativo ante la decisión de revocar la adjudicación al consorcio de Acciona del contrato de gestión de Aguas del Ter-Llobregat deja entrever que, en buen parte, está motivado por cuestiones económicas. El Gobierno catalán no garantiza que pueda devolver los cerca de 300 millones de euros adelantados por el adjudicatario en el caso de que tenga que retirarle la concesión.