La privatización de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL) al consorcio liderado por Acciona sigue generando polémica. El Gobierno de Cataluña ha reclamado al adjudicatario la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales ligado a la operación, que asciende a unos 40 millones de euros y que ya cuenta con una demora muy cercana a un año.
El proceso se encuentra pendiente de la decisión de los tribunales, toda vez que la adjudicación fue recurrida por Aguas de Barcelona, que lideró la oferta competidora y se quedó sin el contrato. Después de que la adjudicación se firmara, a finales de diciembre de 2012, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de Cataluña, dependiente de Presidencia de la Generalitat, dio la razón a Aguas de Barcelona.
La situación llevó a un escenario peculiar, hasta el punto de que la Generalitat ha recurrido el veredicto de un organismo que depende del propio Gobierno catalán.
Por ahora, la Generalitat ha ido de la mano del consorcio que lidera Acciona, toda vez que si se llegara a revocar la concesión, el Gobierno autonómico debería hacer frente a una fuerte indemnización, que podría irse por encima de los 400 millones de euros si se produjera en estos momentos.
El consorcio asegura que solicitó un aplazamiento del pago del impuesto toda vez que la concesión se encuentra inmersa en un proceso contencioso-administrativo y que dicho aplazamiento fue aceptado por la Generalitat. Por su parte, el Gobierno autonómico declinó pronunciarse al respecto de la información.
Situación financiera
En sus recursos a la decisión del OARCC, la propia Generalitat ha admitido que una vuelta atrás supondría un quebranto para sus arcas demasiado fuerte, hasta el punto de que sería inasumible. De ahí que hasta sus posiciones hayan coincidido con la del consorcio adjudicatario.
Sin embargo, el malestar de la Generalitat con el consorcio que lidera Acciona se ha hecho patente después de que el concesionario de ATLL haya acumulado un año de retraso a la hora de liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que debería haberse satisfecho un mes después de la firma del contrato, que data del 27 de diciembre de 2012.
No es el único problema con el que se ha encontrado el consorcio adjudicatario de ATLL. La judicialización del proceso, que lo ha llevado hasta el Tribunal Supremo, que podría tardar hasta tres años en tomar una determinación al respecto, ha hecho que la banca acreedora del consorcio se ponga en guardia.
En concreto, fuentes del mercado aseguran que Banco Santander podría haber declarado vencido un préstamo por valor de 200 millones de euros ante la judicialización del proceso.
Una circunstancia que habría sido asumida momentáneamente por BTG Pactual, la entidad financiera brasileña que encabeza, junto con Acciona, el consorcio adjudicatario (cada una cuenta con el 39% del capital).
