Un apellido conocido destapó el pasado mes de mayo la trama corrupta que presuntamente desvió 50 millones de euros de las obras de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza). Se trata de Andreu, aunque en este caso no se refiere al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, magistrado que instruye, entre otros, el caso Bankia y la Operación Emperador. Se trata de su hermano, Jesús Andreu Merelles, actual director gerente de la sociedad pública Plaza, la afectada por el desfalco. Él fue quien el pasado mes de mayo se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para facilitarle la abundante documentación que poco después permitía abrir el sumario que ha sacado a la luz el presunto fraude.
Un trabajador de Acciona denunció a sus jefes ya en 2008 la existencia de irregularidades en la facturación de las obras, pero nadie le hizo caso
Junto a él, un trabajador de una de las empresas salpicadas, Acciona, quien fue testigo directo de muchas de las supuestas irregularidades cometidas en las obras y que facilitó, primero a Jesús Andreu, y más tarde a la Policía y a Anticorrupción, datos claves de la trama. Hoy ya hay cinco imputados: tres responsables del propio organismo afectado y dos ejecutivos de Acciona, que controlaba la UTE que realizó el desarrollo del complejo. Todos ellos están acusados de lucrarse e incrementar su patrimonio mediante el desvío de dinero que debía ser destinado a financiar las obras de urbanización y mantenimiento de la plataforma logística de la capital maña.
Según fuentes cercanas a la investigación, fue precisamente el empleado del grupo empresarial quien detectó allá por 2008 las primeras irregularidades en las obras de construcción del complejo. Con los indicios de las mismas en la mano, acudió en primer lugar a uno de los responsables de su empresa en Aragón, José María Jordán, quien supuestamente hizo oídos sordos. Jordán ha sido, finalmente, uno de los dos directivos de Acciona que ha sido imputado. El caso quedó entonces tapado durante años, pese a que el trabajador intentó en varias ocasiones hacer llegar sus sospechas a los principales partidos de la región. Según fuentes cercanas a éste trabajador, tanto el PSOE, en el poder hasta las elecciones autonómicas de 2011, como el PP, que tomó el relevo al frente del Ejecutivo aragonés aquel año, dieron la callada por respuesta. Sólo la Chunta Aragonesista se hizo eco de la denuncia, aunque con escaso resultado.
Desfase en el precio y los plazos
Tuvo que ser la llegada en 2011 del hermano del juez a la gerencia del organismo situado en el epicentro de la trama el que terminó por destapar el escándalo. Andreu intentó en un primer momento pleitear con las empresas que conformaban la UTE que urbanizaron el complejo empresarial tras detectar un desfase de 55,3 millones de euros en "exceso de liquidación". De hecho, la obra había sido presupuestada en 54 millones de euros y se debía ejecutar en 28 meses, y salió por 238 millones y se demoró hasta los diez años.
La obra del complejo estaba presupuestada en 54 millones de euros y terminó costando casi cinco veces más
Sin embargo, en marzo pasado, un juzgado zaragozano terminó dando la razón a las empresas concesionarias que consiguieron, incluso, que el organismo les abonara 3 millones de euros en intereses por el retraso en los pagos. Un revés que, sin embargo, duró poco. Sólo dos meses más tarde, los dos protagonistas claves para destapar el fraude se ponían en contacto por iniciativa del trabajador de Acciona, quien facilitaba al hermano del juez nuevos datos sobre las irregularidades cometidas por el equipo que le había precedido, al frente del cual había estado Ricardo García Becerril, uno de los cinco imputados.
Con las facturas en las manos, muchas de ellas supuestamente falsas, Jesús Andreu no tardó en sospechar las conexiones entre los antiguos directivos de Plaza y la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y la empresa aragonesa Construcciones López Navarro, lo que puso en conocimiento de la Fiscalía iniciándose así las investigaciones. Rafael Fernández de Alarcón, consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón, que es el principal accionista de Plaza, reconoció a finales de agosto el papel de Andreu, que “es una de las personas que ha acudido a la Fiscalía Anticorrupción, la única persona dependiente del Gobierno de Aragón que ha acudido”. Entonces no se conocía su relación de parentesco con el magistrado de la Audiencia Nacional.
Medio millón bajo el colchón
Finalmente, la investigación recayó en el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, quien el pasado 14 de agosto daba la orden a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía de reventar la primera fase de la operación, que incluyó la detención de García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora Intecsa-Inarsa, Nico Groeneveld, además de realizar registrar una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la sociedad Plaza. En uno de ellos, el realizado en el domicilio de García Becerril, los agentes localizaron cerca de medio millón de euros en efectivo debajo de un colchón.
El sumario, que permenece secreto después de que el magistrado prorrogase la medida con un auto dictado el pasado viernes, mantiene la imputación sobre los tres directivos detenidos, que permanecen en libertad bajo fianza, y además extendió las acusaciones a los dos directivos de Acciona, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, máximos responsables de el grupo empresarial en Aragón y de la UTE que presuntamente canalizó el desvío de los fondos. A estos dos últimos, a los que su compañía había trasladado a Brasil y Colombia, respectivamente, el juez les ha fijado fianzas de seis y dos millones de euros respectivamente y están acusados de malversación de caudales públicos, falsedad documental continuada, cohecho y blanqueo de capitales.
