Podemos y Ciudadanos, por muy irreconciliables que parezcan, comienzan a ponerse de acuerdo en algunas cosas. En lo que parece casi un ejercicio o ensayo de posible pacto de Gobierno, los dos partidos emergentes se han puesto de acuerdo para poner en marcha una iniciativa parlamentaria para promover el desmantelamiento del almacén de gas Castor, exigir responsabilidades penales a la empresa promotora, Escal UGS, controlada por ACS, y llegado el caso, pedir la devolución de los 1.350 millones de euros que se ha embolsado el grupo controlado por Florentino Pérez.
El acuerdo de los dos ‘enemigos confesos’ ha sido bendecido por el que más quiere que se acerquen entre ellos. El PSOE de Pedro Sánchez, que tanto apuesta por un acuerdo a tres bandas para formar Gobierno, no tardó en apadrinar una iniciativa que partió de En Comú Podem, la confluencia catalana de Podemos, y ha sido transaccionada también con el partido de Albert Rivera. ERC, Democracia y Libertad, PNV y Compromís también se han unido a la propuesta, que salió adelante en la Comisión de Industria del Congreso con los votos en contra del PP, que se quedó solo.
Las formaciones que han sacado adelante la iniciativa buscan una “solución justa” a un escándalo que podría suponer un coste total para las arcas públicas de más de 4.000 millones de euros, en palabras del promotor, Josep Vendrell, de En Comú Podem.
La propuesta ha partido de En Comú Podem, la confluencia catalana de Podemos, pero ha sido apoyada por Ciudadanos, además de por el PSOE, ERC, Compromís y PNV
Los firmantes quieren intentar recuperar, al menos, los 1.350 millones de euros que el Gobierno del PP dio a Escal, la compañía controlada en un 66% por Florentino Pérez, tras la devolución al Estado de la licencia de explotación del almacén submarino de gas que en septiembre de 2013 provocó más de 500 terremotos en poco más de dos semanas.
La idea es explorar “las posibilidades legales existentes” para recuperar la indemnización que se llevó Escal UGS porque “incurrió en dolo”, así como fijar aquellas posibles responsabilidades ambientales, administrativas y económicas en las que pudo incurrir la compañía que desencadenó los seísmos tras comenzar a inyectar el gas colchón en el almacén.
La iniciativa a debate en el Congreso quiere también comenzar a fijar un calendario para el desmantelamiento del Castor, que actualmente está en situación de hibernación controlado por el operador Enagás.
El Ministerio de Industria y Energía está a la espera de que lleguen los informes técnicos provenientes del MIT estadounidense, para que finalmente se conozcan las causas directas de los terremotos, que según los estudios ya realizados en España sería la actividad de inyección de gas colchón por parte de Escal UGS.
No todas las formaciones que apoyan la iniciativas estarían de acuerdo con el desmantelamiento de una infraestructura que en condiciones de seguridad sería considera como almacenamiento estratégico de gas para España. Ciudadanos apuesta por esperar a los informes técnicos y jurídicos previstos para tomar una decisión.
Lo que parece claro es que si el PSOE gobierna con el apoyo o abstención de Ciudadanos o Podemos, la batalla por recuperar los 1.350 millones de euros pagados a Escal, que en los términos actuales se cargarán al recibo del gas durante los próximos 30 años.
