La reforma energética anunciada durante meses para junio se ha retrasado y el motivo no es otro que un nuevo encontronazo entre los ministros de Industria y Hacienda por la factura que deberá asumir el Estado para eliminar el déficit de tarifa. En plena refriega, el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, insinuó este lunes, aunque sin citarlas de forma explícita, que las primas a las renovables son "casi un impuesto", ya que con este y otros costes regulados "el Gobierno transfiere rentas a determinadas tecnologías" a través del recibo de la luz.
Las primas, consideradas por el Gobierno una de las principales razones del déficit eléctrico, al igual que el resto de costes regulados, son soportadas por el consumidor, no el Estado. Sin embargo, ese "dinero privado que viene del recibo" es "casi un gasto público" que no pasa "los controles" que requieren los fondos de todos, según Nadal, que dijo que "el consumidor eléctrico somos todos" y comparó su "oficio" actual, analizar al detalle qué partidas de costes eléctricos se pueden recortar, con el de su colega Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.
El secretario sí dejó claro que no "todos los problemas" relacionados con la "monstruosidad" del déficit de tarifa (que, en caso de impago, tiene aval del Estado) tienen que ver con las renovables. Además de las primas a las energías limpias, que tienen "una componente de política medioambiental que está pagando en exclusiva el consumidor eléctrico", citó otros costes regulados con cargo al recibo como las ayudas al carbón, la interrumpibilidad (subvenciones en el coste de la energía para grandes empresas cargadas en el recibo), los pagos por capacidad y el extracoste extrapeninsular, que garantiza los mismos precios a los consumidores de los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla.
Esta partida, que en teoría deberían empezar a soportar los Presupuestos del Estado, "no deja de ser política territorial" y está "fuera de los parámetros estrictos del sistema eléctrico". "La pregunta es si esto hay que meterlo todo en el recibo de la luz" sin "ningún tipo de control", indicó, durante su intervención en el Campus de verano que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank del PP, organiza estos días en el municipio madrileño de Guadarrama (Madrid).
Ante un auditorio en el que se encontraban, entre otros, el director de Regulación de Iberdrola, Carlos Salle, y Andrés Seco, director de operación de REE y considerado por muchas voces un ideólogo en la sombra de esta reforma, el secretario indicó que "la ley eléctrica es suficientemente amplia" y "ambigua" como para permitir esa transferencia de rentas ya que "la mayoría de los costes aparecen en la siguiente legislatura", dijo, y "la tentación es enorme". "A mi despacho viene gente con este discurso: haz esto que se crean 700 empleos y no se va a pagar hasta 2016", expuso, a modo de ejemplo.
Nadal recordó que el suministro doméstico en España ya es el tercero más caro en Europa y, aunque en el caso de los costes para la industria el país está "un poco mejor", "cada euro que una empresa tiene que pagar de más con sus competidores europeos" por la luz "lo tiene que compensar con desempleo".
Reitera que los peajes deberían subir más de un 30% para eliminar el déficit eléctrico y dice que la alternativa de una quiebra del sistema "no existe"
También reiteró que los peajes eléctricos (parte regulada del recibo) deberían subir más de un 30% para eliminar el déficit de una tacada y descartó una quiebra del sistema eléctrico, hipótesis que ya aireó en su despedida en el Senado su antecesor en el cargo, Fernando Marti. A este respecto, dijo que la alternativa de una quiebra "no existe" y que "la responsabilidad" de poner orden en las cuentas del sistema eléctrico "es crítica".
Como ejemplo de ese traspaso de rentas a las renovables citó la biomasa; recibe primas con cargo al recibo (está incluida en el denominado régimen especial) y "no tenemos en cuenta la transferencia de rentas que se está produciendo hacia las Comunidades Autónomas" en la prevención de incendios, por su papel en la limpieza de los montes, señaló.
Si bien negó que la apuesta que ha hecho España por las energías limpias haya sido "una equivocación", sí lamentó la "importantísima" factura de las primas, más de 9.000 millones al año (un 1% del PIB). Y puso el ejemplo de la fotovoltaica, cuyo coste de instalación es ahora siete veces inferior al de 2007-08, cuando se produjo se boom en España (el país "le ha pagado la curva de aprendizaje al resto del mundo") y de la termosolar.
España, recordó, tiene el 73% de las plantas de este tipo que hay en todo el planeta. Esta fuente "tira de la tecnología y tira de la capacidad de innovación del país", que ha "aprendido mucho". Pero, se preguntó, "¿hacía falta hacer 50 plantas, 2.500 megavatios, o sólo un número razonable? Estos números no son gratis".
Señaló que en Industria son "conscientes de que el pasado existe" e intentará "en la medida de lo posible" que no se vean afectados "agentes que han tomado decisiones de buena fe", quizá en alusión a los miles de inversores atrapados en la fotovoltaica, que ya ha soportado recortes cercanos al 40%.
La reforma que ultima el ministerio va a contener "medidas racionales, que ajusten la retribución de todos los participantes del sistema dentro del sentido común", teniendo en cuenta "la situación que atraviesa el país" y "la posición relativa que tiene cada agente en cuanto a su seguridad". "Hay agentes que tienen todo vendido", porque gestionan tecnologías que tienen "preferencia de despacho o porque son gestores de la red". "Otros", soportan "más riesgo de mercado, más riesgo tecnológico".
