El Gobierno irlandés acordó este viernes que recurrirá el dictamen de la Comisión Europea (CE), que ordenó a ese país cobrar 13.000 millones de euros a la compañía Apple por lo que considera ventajas fiscales ilegales. El Ejecutivo de Irlanda adoptó esa decisión después de que su gabinete de ministros se reuniera de nuevo a fin de "clarificar varios asuntos legales y técnicos".
El ministro irlandés de Finanzas, Michael Noonan, expresó el pasado martes su "profundo desacuerdo" con el veredicto de las autoridades comunitarias y explicó que su Gobierno no tenía más opción que apelar ante las cortes de la Unión Europea. "Se presentará una moción ante el Dail (el Parlamento irlandés) el miércoles, que buscará el respaldo de esa decisión", dijo un portavoz del Ejecutivo de Irlanda. El Gabinete de ministros de Irlanda se había reunido por primera vez el pasado miércoles a fin de deliberar sobre el dictamen europeo, si bien ese encuentro se aplazó hasta este viernes "para tener más tiempo de reflexionar sobre estos asuntos y clarificar varios asuntos legales y técnicos".
El Gabinete de ministros de Irlanda se había reunido por primera vez el pasado miércoles a fin de deliberar sobre el dictamen europeo, si bien ese encuentro se aplazó hasta este viernes
El Ejecutivo irlandés teme que este asunto pueda dañar la credibilidad del sistema tributario de Irlanda y sostiene que en aras del interés a largo plazo del país no le conviene ser percibido como un paraíso fiscal. La CE concluyó esta semana que Irlanda concedió beneficios fiscales "ilegales" al gigante tecnológico por valor de 13.000 millones de euros, lo que habría permitido a Apple "pagar significativamente menos impuestos que otras compañías". Al conocer el veredicto, el titular de Finanzas irlandés aclaró el pasado martes que el sistema fiscal de su país se basa en una "estricta aplicación" de la legislación, "sin excepción" alguna.
Según los analistas, tramitar ese recurso de apelación contra la decisión de la CE podría llevar hasta cuatro años. Mientras tanto, Apple, que ha criticado duramente la decisión, está obligada a pagar el monto fiscal exigido a la Hacienda de la República de Irlanda, aunque se espera que esa abultada cantidad quede retenida en una cuenta. Según la CE, dos pactos fiscales concedidos por Irlanda a Apple -el primero en 1991 y el segundo en 2007- habían "reducido de manera sustancial y artificialmente los impuestos pagados por Apple en el país desde 1991".
Sin embargo, Dublín tendrá que reclamar el importe que Bruselas calcula que Apple dejó de pagar entre 2003 y 2014 -los citados 13.000 millones de euros- más un interés, dado que la Comisión solo puede aplicar una retroactividad de diez años respecto a la fecha en la que solicitó por primera vez información sobre el caso (2013).
