Es el informe más buscado en España, reclamado a Europa por Guindos y la patronal bancaria, AEB. Deloitte fue el encargado de realizar la tasación independiente de Banco Popular, que reflejó un valor negativo de entre 2.000 y 8.000 millones. Por ello, Banco Santander presentó una oferta de un euro previa amortización de las acciones y la deuda subordinada (por valor de 2.000 millones).
Este informe es clave porque en él se amparan el fondo de rescate europeo (SRB, por sus siglas en inglés) y el Frob para tomar la decisión que tomaron: amortizar las acciones y la deuda subordinada y vender el banco por un euro.
Fuentes comunitarias consultadas por Vozpópuli, que han tenido acceso al documento, señalan que las valoraciones negativas del Popular a las que llegó Deloitte son en escenarios de liquidación (ir a concurso) o resolución (como ocurrió con su venta a Santander), que implican supuestos más drásticos de los habituales. Esta valoración se activó después de que ninguna entidad presentara oferta por Popular en una subasta normal, previa al rescate.
El ejercicio de Deloitte tuvo en cuenta distintos factores, siguiendo las normas marcadas por el artículo 8 de la guía de la EBA (Autoridad Bancaria Europea) de valoraciones de resolución.
Impactos negativos
El primero de los factores es que todos los activos y créditos fiscales no valdrían nada. Popular tenía en torno a 5.000 millones en estos activos, según sus últimas cuentas.
El segundo factor eran las demandas a las que se expone Popular (ahora Santander), en las que el auditor independiente tuvo en cuenta no sólo la ampliación de capital de 2016, sino también la de 2014 –no prescrita- y la amortización de parte de la deuda subordinada. Todo ello podría sumar más de 4.000 millones de euros.
Según las mismas fuentes, Deloitte también tuvo en cuenta la pérdida de valor de los activos intangibles, como el fondo de comercio de Banco Pastor y las inversiones en software, y determinadas indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el banco, como a su socio en seguros y fondos, Allianz.
Junto a ello, el cuarto factor fueron las provisiones inmobiliarias: tanto de los activos adjudicados, que como adelantó este medio fueron de entre 6.000 y 8.000 millones; como de los activos propios del banco, como la sede que está terminando de construir en la Carretera de Barcelona.
Transparencia
Para concluir su ejercicio, la Big Four restó a todos estos impactos negativos los recursos propios que tenía Banco Popular, de unos 11.000 millones, y las sinergias que pudiera capturar vía liquidación o resolución.
A la espera de que el SRB decida si hace pública la letra pequeña de este informe, cada vez más voces en el sector financiero español reclaman transparencia en el proceso de resolución de Banco Popular. Así se pondría fin a parte de la polémica de la operación y se anticiparía a que lo reclamen los tribunales.
