A puerta cerrada, Enresa ya reconoce que el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que construirá en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca) lleva un retraso acumulado muy relevante que puede tener importantes consecuencias desde el punto de vista del coste de la gestión de la basura radiactiva.

La confesión de Enresa se produjo la semana pasada, el pasado lunes, 14 de abril, en pleno inicio de la Semana Santa. Cuando muchos españoles ya habían cogido la carretera con destino a sus vacaciones, la empresa pública que gestiona el tratamiento y almacenamiento de los residuos nucleares españoles convocó en su sede de Madrid a cerca de una treintena de personas (altos cargos de la Administración y algunos diputados) para exponerles el estado del proyecto del ATC, la mayor infraestructura que va a construir el actual Gobierno, con un presupuesto cercano a los 1.000 millones de euros.

A la jornada asistieron, entre otros, representantes de los accionistas de la empresa, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Por el primero, el Subsecretario de Economía, Miguel Temboury, y el Director del CIEMAT, Cayetano López, y por la segunda, el presidente del holding público, Ramón Aguirre; su vicepresidente, Federico Ferrer, y el director general, Francisco Ruiz. Además, acudieron varios diputados de la Comision de Industria, Energía y Turismo del Congreso.

La versión oficial de la empresa que preside el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega respecto a la jornada es que “no hay desviaciones de presupuesto (que está estimado en la actualidad en 927 millones de euros), ni tampoco variaciones respecto al calendario, porque Enresa ha cumplido los plazos previstos en el licenciamiento”.

Pero la principal conclusión del encuentro, según revelan asistentes al mismo, es muy diferente. De acuerdo con esas fuentes, el acto sirvió para constatar que el proyecto acumula ya un importante retraso como consecuencia de las dificultades para cumplir con los plazos previstos para que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le dé luz verde.

Así, llamó la atención la transparencia con la que el presidente de Enresa abordó el problema: “El CSN nos ha dicho que el proyecto presentado es inevaluable. Es por ello que no podremos tener licenciado el ATC hasta la primavera del 2015 para la autorización previa y hasta pasado el verano para el proceso principal”, dijo Gil-Ortega, según esas fuentes.

Para el subdirector general de Energía Nuclear el retraso que refleja el programa ya es crítico

Por su parte, Francisco Javier Arana Landa, consejero de Enresa y subdirector general de Energía Nuclear en el Ministerio de Industria desde 1997 insistió, en una de las últimas intervenciones del debate, en que el retraso que refleja el programa ya es "crítico", deduciéndose de sus palabras un acusado pesimismo.

Además de los retrasos del proyecto en cuanto a su licenciamiento, en la jornada se puso encima de la mesa la problemática de la Declaración de Impacto Ambiental, trámite imprescindible que se encuentra en una fase todavía incipiente y cuyos retrasos se acumularán a los ya existentes. Este trámite tiene la peculiaridad de que involucra al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al CSN, lo que da una idea de la complejidad del proceso.

Aunque uno de los diputados presentes en la jornada relativiza la importancia de un eventual retraso y recomienda “no caer en la histeria”, lo cierto es que no tener el ATC en tiempo y forma (el Almacén de Espera de contenedores debería estar operativo en el último trimestre de 2016) implicaría para España dos gravísimas consecuencias.

Por un lado, habría que comenzar a pagar a Francia una penalización de 2 millones de euros al mes hasta la puesta en marcha de la instalación por los residuos de Vandellós I que actualmente custodia Areva; por otro lado, varias centrales nucleares tendrían que parar su actividad en 2017 por el llenado de sus piscinas de combustible gastado a menos que se habiliten almacenes temporales (ATI), que implicarían un coste mayor en la gestión de los residuos.

El citado parlamentario, que destaca “el rigor, el método y la sistemática” con la que Enresa está abordando la puesta en marcha del ATC, recuerda que el almacén nuclear es “algo que tenía que haberse hecho hace 20 años” y considera injusto cargar ahora las responsabilidades de un eventual retraso en los actuales responsables del silo. Pero lo cierto es que el calendario sigue corriendo en contra.

El Congreso ha instado al CSN a agilizar los trámites "teniendo en cuenta la importancia que tiene para el funcionamiento del parque nuclear español disponer de esta instalación en el plazo previsto"

Así, y mientras persisten las dudas sobre la idoneidad geológica del emplazamiento, elegido en una decisión política de María Dolores de Cospedal, la gran valedora de Gil-Ortega (Enresa ha encargado otros 85 sondeos en la parcela elegida para ubicar el silo para descartar el riesgo de “hundimiento” de los terrenos), el Congreso acaba de instar al CSN “a dedicar los recursos necesarios para llevar a cabo la evaluación de la documentación relativa a los informes preceptivos” sobre el almacén, “teniendo en cuenta la importancia que tiene para el funcionamiento del parque nuclear español disponer de esta instalación en el plazo previsto”.

Y el CSN, cuyo presidente, Fernando Marti, advirtió el pasado 12 de marzo en el Congreso de la “delicadísima situación” a la que se enfrenta si no se le dota de forma urgente de nuevo personal que haga frente a los nuevos retos que se le presentan (entre ellos, licenciar el ATC), ha aprobado, a propuesta de su Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN), la subcontratación de la revisión de seguridad de los estudios de caracterización del emplazamiento del ATC.

El regulador nuclear, cuyos técnicos criticaron a finales del año pasado las "indeterminaciones" de Enresa sobre el terreno elegido para ubicar el almacén, buscará el asesoramiento técnico de una empresa de ingeniería que cuente con un equipo de especialistas altamente cualificados en diversas disciplinas (geología, sismología, geotecnia, meteorología, hidrología superficial, hidrogeología...) para analizar los estudios de caracterización del emplazamiento del ATC realizados hasta ahora.

“Debido a las características de este proyecto, al volumen significativo de información a analizar y a la necesidad de evacuar el informe preceptivo”, el pleno del CSN aprobó por unanimidad en su reunión del pasado 2 de abril la contratación de este servicio, con una duración de un año a partir del próximo 1 de julio y un presupuesto máximo de licitación, una vez aplicado el correspondiente IVA, de 240.790 euros.

De acuerdo con la planificación elaborada para el licenciamiento del ATC, se prevé la conclusión de las evaluaciones asociadas a la autorización previa o de emplazamiento por parte del CSN en marzo del año 2015. Posteriormente deberá emitir la autorización de construcción y la autorización de explotación.