El juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, abre la puerta a nuevas fianzas en el caso Banco Popular. El magistrado ha dictado un auto esta semana en el que reclama a Popular información sobre las pólizas de seguros de 22 exconsejeros de la entidad, entre los que figuran los dos expresidentes, Ángel Ron y Emilio Saracho.
Esta medida llega tras el embargo de 3 millones de euros de la pensión de Ron. Según el auto, Andreu pide "copia de la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos de Sociedades Mercantiles" contratada por la entidad para el abono de cantidades de responsabilidad civil del Sr. Ron Güimil suscrita con CHBB European Group Limited, Sucursal España".
Todas las cotizadas tienen un seguro de este tipo para cubrir posibles responsabilidades de su principal órgano de gobierno. Aunque estos seguros no son efectivos en caso de determinados delitos penales.
Junto a la póliza de Ron, el magistrado también pide las pólizas de otros 21 exconsejeros: Roberto Higuera, José Mª Arias, Pedro Larena, Reyes Calderón, José Ramón Estévez, Helena Revoredo, Vicente Tardío, Jaime Ruiz Sacristán, Carlos González Fernández, Vicente Pérez, Vitalino Nafría, Ana María Molins, Jorge Oroviogoicoechea, Francisco Aparicio, Francisco Gómez, Saracho, Ignacio Sánchez Asiain, Antonio González-Adalid, el mexicano Antonio del Valle Ruiz, la Sindicatura y Crédit Mutuel.
Estrategia procesal
Al contrario que con el caso Bankia, el juez Andreu está dando muestras en el de Popular de querer asegurar posibles responsabilidades mientras avanza la instrucción.
"Si se confirmara la existencia de tales pólizas de seguro, los inversores que perdieron todo su dinero con la resolución de la entidad, verán incrementadas notablemente sus posibilidades de recibir una
indemnización por los perjuicios causados en caso de que se confirmen los ilícitos penales que se imputan a los ex consejeros de Banco Popular", señalan desde Unive Abogados.
En el caso también están imputados como personas jurídicas el propio Popular -del que respondería Santander- y la auditora de la entidad, PwC.
La causa está todavía en una fase muy inicial después de que fuera declarada compleja hace algunas semanas, por lo que el juez tiene de plazo al menos hasta abril de 2019. Después puede pedir una nueva ampliación.
El caso depende del informe pericial que están realizando para el juez dos inspectores del Banco de España, en el que se analizan las cuentas de Popular de 2016 y 2017, la ampliación de capital, los test de estrés y los sueldos, tanto de Ron como de Saracho.
