El pasado 17 de septiembre, la Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobó el dictamen sobre el Real Decreto de Autoconsumo, después de analizar durante varias semanas un gran número de alegaciones prestadas por los afectados.
Pasado este rubicón, el Gobierno tiene ya las manos libres para llevar al Consejo de Ministros la aprobación del polémico Real Decreto, que según las empresas e inversores renovables, decenas de movimientos sociales y ecologistas, la mayoría de partidos políticos excepto el PP, la CNMC y la Comisión Europea, entre otras instituciones, supondrá la puntilla definitiva a un sector que está en fase incipiente en España.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Industria y Energía podría llevar este Real Decreto al primer o segundo Consejo de Ministros de octubre, con el fin de evitar que su aprobación pueda pasar factura cuando arranque la precampaña electoral para las generales tras la resaca de las catalanas.
El RD sólo recoge cambios cosméticos y mantiene "cargos" que impiden que la la producción propia de electricidad sea rentable
La autogeneración de electricidad desde los hogares y pymes es un movimiento que goza de gran respaldo social y político. Detrás de este negocio en ciernes hay apoyos desde todo tipo de ámbitos y decenas de miles de pequeños y medianos inversores fotovoltaicos, los mismos que han sufrido los fuertes recortes por las políticas antirrenovables del actual Gobierno, también se verían ahora afectados por este nuevo hachazo.
Así que el Gobierno, que en esta batalla se ha posicionado a favor de las grandes eléctricas (su rechazo frontal al autoconsumo se debe al temor a perder su negocio por la ‘independencia’ de la que gozarían los hogares al producir su propia electricidad), quiere sacar adelante a toda prisa la norma para evitar que la polémica se instale en el debate preelectoral.
Fuentes del Consejo de Estado han confirmado a Vozpópuli que hubo un gran número de solicitudes de audiencia para poder presentar alegaciones, pero no detallaron en qué medida éstas han sido recogidas en el dictamen, que no es vinculante ni se hará público hasta que se apruebe en el Consejo de Ministros.
El último borrador manejado por el Departamento que dirige el ministro José Manuel Soria sólo ha recogido meros cambios “cosméticos”, según ha criticado la patronal fotovoltaica UNEF, y sigue manteniendo “cargos por otros servicios al sistema” que hacen inviable y no rentable la producción de electricidad propia desde las casas y pymes.
Estos cargos son los que el sector renovable llama “impuesto al sol”, dado que obliga a los nuevos productores a pagar por usar la red eléctrica general para verter su energía sobrante. El pago de este también llamado “peaje de respaldo” y la obligación de los hogares a crear una empresa para poder ‘legalizar’ su situación como productores y regalar la electricidad sobrante convierte en inviable cualquier proyecto de este tipo para una vivienda.
La CNMC y la Comisión Europea han criticado al Gobierno por ir en contra del resto de la UE, que está potenciando esta forma alternativa y limpia de generar electricidad
Si a esto se suman las desorbitadas multas a las que se arriesgarían los hogares en situación irregular (hasta 60 millones de euros), que están recogidas en la Ley del Sector Eléctrico tras las modificaciones introducidas por este Gobierno, la defunción en pleno nacimiento del autoconsumo está garantizada, denuncian desde el sector renovable.
Ninguna de estas medidas contra el autoconsumo van a ser retiradas del Real Decreto, según las fuentes consultadas, con lo que el sector renovable se teme lo peor justo al final de la legislatura.
Según Unef, la norma, en esencia, “sigue ideada para entorpecer el desarrollo del autoconsumo y no para promoverlo como debería, como la medida de ahorro y eficiencia energética eficaz y sostenible que es, ya posible sin ningún tipo de subvención institucional”.
De esta manera, la patronal fotovoltaica considera que, además de los hogares, las pymes también se verán muy afectadas. Con un modelo de autoconsumo con balance neto como el existente en la mayoría de los países, una empresa de servicios recuperaría su inversión en unos 5 años, algo más de 4 en el caso de las pymes. Sin embargo, con el modelo que prevé el borrador, “que no incluye balance neto para los excedentes e introduce el impuesto al sol”, la empresa de servicios no rentabilizaría su inversión hasta los 12 años, algo más de 7 para el caso de pymes.
Para Unef, el nuevo texto sigue encaminado “a frenar el desarrollo del autoconsumo”, en vez de promoverlo como recomienda la Comisión Europea, y los cambios introducidos “son mínimos”, a pesar de las más de 40.000 alegaciones y 200.000 firmas registradas contra el borrador. Así, recuerda que los autoconsumidores tendrán que pagar un cargo por potencia contratada en las horas que hayan autoconsumido y un cargo por energía autoconsumida, del que estarán exentas las instalaciones de menos de 10 kilovatios, fundamentalmente los hogares, y las ubicadas en Canarias, Ceuta y Melilla.
