Los últimos episodios acaecidos en torno al caso de OHL en México han tenido mucho más que ver con lo policiaco que con lo empresarial pero en este ámbito la compañía que preside Juan Miguel Villar Mir sigue sin llevarse una alegría desde que estallara la polémica por las grabaciones publicadas en Internet. El caso más reciente ha sido el de la licitación para la construcción y posterior operación de un viaducto, por la que la compañía española no ha presentado finalmente una oferta pese a haber mostrado interés en participar.
En concreto, se trata del contrato relacionado con el Viaducto La Raza-Santa Clara, con una extensión de 9,5 kilómetros y que conectará la zona norte de Ciudad de México con la autopista México-Pachuca. El contrato incluye el diseño y construcción de la vía más la futura operación del peaje durante 30 años. La inversión prevista asciende a unos 300 millones de euros, al cambio actual.
La licitación de este contrato se lanzó pocos días después de que se publicara el primero de los audios que recogían grabaciones de conversaciones entre directivos de OHL México, en las que hablaban de un supuesto fraude en las concesiones de la compañía. Pese a esta circunstancia, la compañía confirmó oficialmente a mediados del mes de junio su interés por acudir al proceso.
Sin embargo, en las últimas horas OHL México ha remitido una carta de disculpa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por no haber hecho llegar sus propuestas técnicas y económicas para tratar de hacerse con la concesión.
Aunque no ha sido el único grupo o consorcio que ha renunciado a presentar ofertas en esta licitación, el caso de OHL es especial precisamente por la polémica de las grabaciones. Y también porque no es la primera vez desde que comenzó el calvario de la compañía en México que sus planes en materia de concesiones se ven frustrados.
Licitaciones fallidas
OHL México se quedó sin un contrato para la construcción de una central de ciclo combinado, con una inversión programada de unos 400 millones de euros, poco después de la publicación de las primeras grabaciones. Aunque figuraba entre los favoritos para hacerse con la licitación terminó viendo como Cobra, filial de ingeniería de ACS, se hacía con el contrato.
Poco después, la historia se repetía con la ampliación de la línea 12 del metro de México D.F. ya que, en ese caso, la oferta ganadora fue la de la local Prodemex y la española Proacon (filial de Aldesa), pese a que su propuesta económica era más cara que la de OHL. Se da la circunstancia de que este contrato depende del Estado de México, el mismo que en su día adjudicó a OHL las concesiones del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense, con las que la filial azteca del grupo español habría cometido los presuntos fraudes.
En los últimos días, el caso ha avanzado debido a la denuncia presentada por la compañía contra Infraiber, a la que acusa de haber efectuado, manipulado y publicado las grabaciones, obtenidas de forma ilegal. Esta denuncia ha tenido como consecuencia el registro de las oficinas de Infraiber por parte de la Procuraduría mexicana, que aseguró haber encontrado aparatos para la intervención de conversaciones telefónicas.
A estos acontecimientos cabe añadir la detención de Paulo Díaz, abogado de Infraiber, que fue posteriormente puesto en libertad con una acusación de tenencia de armas al encontrar la Policía una pistola en su vehículo. Posteriormente, una grabación efectuada por la cámara de seguridad de un establecimiento cercano parece demostrar que fueron los propios agentes los que colocaron el arma en el coche de Díaz.
Infraiber quiere llevar el caso al Parlamento
Infraiber ha presentado diversas denuncias contra OHL bajo la acusación de haber falseado sus estados contables y de haber inflado las cifras de inversión en las concesiones que tiene en México. En su día, Infraiber fue adjudicatario de un contrato para la instalación y explotación de un sistema para auditar el tráfico de las concesiones de peaje del Estado de México, complementario al existente. Sin embargo, ninguna de las 12 concesionarias de este territorio firmó el acuerdo con Infraiber debido al elevado incremento que supondría la implantación de este sistema en las cuotas a cobrar a los clientes de las autopistas.
Precisamente, Infraiber está dispuesto a proponer al Parlamento mexicano que tome una decisión sobre la implantación de su sistema. En el caso de que la medida adoptada fuera negativa, la compañía solicitaría una indemnización si la respuesta es positiva, proseguiría con su pelea para que su sistema se aplicara en las autopistas del Estado de México.
