La ubicación del cementerio nuclear de Villar de Cañas (Cuenca) fue bandera de María Dolores de Cospedal, que siendo presidenta de Castilla-La Mancha lo ha defendido con uñas y dientes. Pero el nuevo Ejecutivo autonómico ahora va a estar en manos de dos formaciones manifiestamente antinucleares, PSOE y Podemos.
El creación y desarrollo del ATC, encargado a la empresa pública Enresa y del que ya se han adjudicado algunos contratos para su construcción, lo decide el Gobierno central, pero tanto las autonomías como los ayuntamientos afectados tienen mucho que decir a la hora de su puesta en marcha (autorizaciones, licencias, subvenciones…).
Ya hay algunas fuentes que alertan de que los nuevos gobernantes de algunas autonomías pueden llamar a la desobediencia civil e institucional en materias tan sensibles como la nuclear.
Porque si el basurero nuclear ha sido y será polémico, y previsiblemente va a enfrentar al nuevo Gobierno de Emiliano García-Page con el Ejecutivo central, no le va a la zaga el almacén submarino de gas El Castor.
Compromís, que va a gobernar la Comunidad Valenciana con el PSOE, ha pedido el desmantelamiento del Castor y intentó bloquear el pago de la indemnización a ACS
Compromís y los grupos ecologistas fueron muy combativos con el proyecto cuando se aprobó y, más tarde, cuando lo construyó ACS frente a las aguas de Vinaroz (Castellón). Pero fueron los más de 500 terremotos que provocó la inyección de gas en el almacén, en septiembre de 2013, los que desencadenó una ola de protestas sin precedentes que acabó con el cierre temporal del costoso proyecto y el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros al grupo que preside Florentino Pérez.
Compromís consiguió que hasta el Parlamento europeo instara a la Comisión Europea y al BEI a bloquear el pago de esa indemnización y ha exigido en reiteradas ocasiones su desmantelamiento definitivo. La formación valenciana estaba entonces en la oposición, pero ahora va a gobernar la comunidad en acuerdo con el PSOE.
El futuro del almacén es competencia del gobierno central, pero Compromís tiene previsto realizar varias actuaciones para promover su desmantelamiento blandiendo los informes del Instituto Geográfico y del Geológico y Minero, que confirmaron que fue la inyección del gas la causa de los terremotos y del despertar de una nueva falla cercana a la de Amposta.
Otro de los nuevos fenómenos energéticos que odian visceralmente las formaciones de izquierda es el fracking (fractura hidráulica para extraer gas o petróleo), que el Gobierno central ha impulsado en los últimos años y ha regulado en la recién aprobada Ley de Hidrocarburos.
“¿Se imaginan a una empresa pidiendo una licencia para poner en marcha un proyecto de fracking o unas prospecciones petrolíferas en Baleares o Canarias con los gobiernos autonómicos que se están formando?”, reflexiona en voz alta un directivo del sector renovable.
El PSOE va a gobernar en Baleares y Canarias, dos comunidades en las que los votantes han castigado las políticas energéticas de Rajoy y Soria
El PSOE gobernará Baleares con el apoyo de Podemos y MES y Canarias con el respaldo de CC. Todos estos partidos son firmes opositores al desarrollo del fracking y a las prospecciones, iniciativas que viene defendiendo el PP.
También se plantea dura la batalla que librarán estos meses la mayoría de los partidos de la oposición y un amplio grupo de comunidades autónomas (algunas de ellas del PP) contra el rejón definitivo que quiere aprobar el Ministerio de Industria para acabar con el autoconsumo.
El texto de Real Decreto presentado por el Departamento que dirige José Manuel Soria ha sido criticado desde casi todos los frentes, incluido el regulador CNMC.
PSOE, Podemos y Ciudadanos, si llegan a gobernar en Moncloa, derogarían el texto que el Ejecutivo quiere aprobar justo a la vuelta del verano.
Pero hay CCAA que están apoyando y hasta subvencionando el desarrollo del autoconsumo y la instalación de placas solares en viviendas, pequeños negocios e instituciones, algo que choca frontalmente con la estricta normativa que figura en el RD ahora en consulta pública.
Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco, La Rioja, Baleares y Extremadura (estas dos últimas bajo los gobiernos del PP) han defendido el desarrollo del autoconsumo y sus sucesores en los Ejecutivos autonómicos donde ha habido elecciones harán lo propio, aunque desde el Gobierno central se saque adelante una normativa que erradicará este sistema renovable que permitiría a ciudadanos y empresas ser independientes de las eléctricas.
