La 'operación Chamartín' vuelve a eternizarse. Es la primera consecuencia del plan presentado este martes por el Ayuntamiento de Madrid para el desarrollo de la zona norte de la capital, que presenta notables diferencias con lo recogido en el plan urbanístico que está pendiente de aprobación definitiva por parte del Consistorio. Para llevar a cabo el proyecto del equipo de la alcaldesa, Manuela Carmena, es necesario cambiar el plan, una operación que acarrearía, en el mejor de los casos, unos dos años y medio de trámites administrativos. Es decir, que la alcaldesa agotaría prácticamente su legislatura y aún no se habría movido ni un metro cúbico de tierra en los terrenos.
Así las cosas, el desarrollo urbanístico, que cumplirá el año que viene sus bodas de plata, es decir, 25 años desde su planteamiento original, seguiría batiendo récords de longevidad y de arrancadas y frenazos permanentes. La tramitación urbanística es, sin duda, una de las más complicadas de la Administración y la más farragosa en términos de plazos. Entre otras cuestiones, el Consistorio debería obtener para validar el plan los informes favorables que Distrito Castellana Norte (DCN, la promotora del desarrollo, participada por BBVA y Grupo San José) logró de las diferentes administraciones (entre ellas, de seis ministerios diferentes). En total, 48 aprobaciones de todo tipo, especialmente en materia medioambiental.
Y eso contando con unas previsiones optimistas, en las que no se contemplaran grandes obstáculos en forma de oposición por parte, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Una circunstancia que será difícil que no se produzca.
Por el momento, el Gobierno regional, al igual que todos los actores implicados en la operación, ha optado por no pronunciarse sobre la propuesta del Ayuntamiento hasta no conocerla más en detalle. Pero las perspectivas apuntan a que no aprobará en plan, dado que lo más probable es que le reportara menos dinero por los terrenos que posee en el desarrollo urbanístico que con la propuesta de DCN. También cabe tener en cuenta que ambas Administraciones cuentan con un signo político diferente.
La factura, una incógnita
Tampoco es probable que el Ministerio de Fomento, propietario de más de la mitad de los terrenos, vaya a aceptar ingresar bastante menos de los 1.200 millones que DCN se comprometió a pagar por ese suelo por dónde discurre la playa de vías de la estación de Chamartín y sus alrededores. En este caso, el departamento que dirige en funciones Ana Pastor no decidiría sobre la aprobación del plan urbanístico pero sí sobre la de la confección del desarrollo.
Aparte de la cuestión de los plazos, la propuesta del Ayuntamiento de Madrid para desarrollar la zona norte de la capital no ha despejado dudas de vital importancia. Sin ir más lejos, cuál es su coste, una circunstancia a tener en cuenta toda vez que los deseos del Consistorio es que éste sea de carácter público. La inversión prevista por DCN asciende a algo más de 6.000 millones de euros.
Por el momento, el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre la factura de su plan. Se ha limitado a aclarar que algunas de las actuaciones, como la urgente remodelación del nudo norte de la M-30, se costearía con las plusvalías del desarrollo de la edificación residencial y de oficinas que incluye el plan. Para otras partidas, la propuesta recurre directamente a los "presupuestos municipales".
Eso sí, esas plusvalías habrán de calcularse teniendo en cuenta que el plan del Ayuntamiento contempla construir apenas un 25% de los pisos que estaban previstos en la propuesta de DCN, que también incluía más espacio para oficinas. E incluso, para zonas verdes.
Edificabilidad reducida
Del mismo modo, resulta dudosa la estimación que realiza el Ayuntamiento sobre el mantenimiento de la edificabilidad, en 1,05 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo, toda vez que para calcularla elimina la superficie correspondiente a los viales y los terrenos ocupados por instalaciones ferroviarias al haber sido excluidos de la ordenación del territorio. Algo que va contra la disposición transitoria sexta de la Ley del Suelo de Madrid que actualmente está en vigor. Es decir, con la Ley en la mano, el plan del Consistorio también contempla una significativa reducción de la edificabilidad.
Ninguno de los implicados se ha pronunciado, a la espera de conocer en detalle la propuesta municipal. El Ayuntamiento ha preferido presentarla en sociedad antes que los directamente afectados por ser, entre otras cuestiones, los propietarios del suelo. Todos consideran que es demasiado pronto para pronunciarse. Pero todos también asumen que la portavoz municipal, Rita Maestre, fue demasiado optimista cuando manifestó que a finales de año podría estar tramitándose el desarrollo. Todo apunta a que la ‘operación Chamartín’ ha vuelto a ser alimentada con una fuerte dosis de cloroformo. La duda está en saber si DCN prorrogará el plazo de que dio para abandonar la operación (finales de 2016) o si preferirá no celebrar las bodas de plata de un matrimonio aún no consumado.
