La polémica en torno al servicio de recogida de basuras en la periferia de Madrid, a raíz de la adjudicación del contrato a la UTE Urbaser-Cespa, se escenificó este martes en el pleno del Ayuntamiento de la capital. Los tres grupos de la oposición, PSOE, IU y UPyD, pidieron explicaciones en la Comisión de Medio Ambiente por las deficiencias en la recogida de basura en numerosos distritos y por el hecho de que la adjudicataria esté empleando para el servicio camiones diésel, expresamente prohibidos en el pliego de condiciones del concurso. La reacción del equipo de Gobierno municipal consistió en echar la culpa a la anterior contratista, FCC, por el estado en el que dejó los vehículos.
El Consistorio aseguró que seguirán dejando usar los camiones que se prohíben en el pliego de condiciones
Pero la respuesta del Consistorio no se quedó ahí. No sólo admitió que actualmente el servicio se está prestando con este tipo de camiones sino que, además, aseguró que seguirán permitiendo su utilización sin un plazo determinado, simplemente hasta que el servicio se normalice.
Lejos de poner firme al actual contratista tanto por saltarse las normas del concurso como por del deficiente servicio que está prestando, el Ayuntamiento ha arremetido contra FCC como anterior contratista, a la que ha amenazado incluso con no devolverle la fianza del contrato, que asciende a algo más de cinco millones de euros, debido al estado en que se encontraban los vehículos para la recogida de basura.
Según ha podido saber Vozpópuli, el Ayuntamiento ya se habría puesto en contacto con la compañía para hacerle saber que no le devolverá la fianza, mientras que FCC está preparando la correspondiente respuesta.
Sin surtidores de gas
Interventores del Ayuntamiento de Madrid realizaron una inspección de gran parte de los vehículos empleados para el servicio el pasado 24 de octubre, a una semana de que la nueva contratista comenzara a prestar el servicio. Del correspondiente informe no se deduce que los camiones no estuvieran listos para seguir dando servicio, aunque sí es cierto que la flota precisa una notable renovación.
El alquiler de los vehículos se produjo antes de conocerse el estado de los vehículos
Sin embargo, la UTE Urbaser-Cespa procedió a emplear los camiones diésel que alquilaron en Alemania y Holanda desde el primer día de entrada en vigor del contrato, es decir, que el alquiler se produjo antes de que conocieran el estado real de los vehículos. La causa fundamental del empleo de estos camiones es la no disposición de los surtidores de gas con el que deben funcionar los vehículos.
La controversia con este contrato se inició cuando la UTE adjudicataria presentó una oferta con una baja cercana al 11% que el Ayuntamiento no esperaba. Pese a que era la propuesta que menor renovación de flota de camiones proponía y las condiciones económicas hacían muy difícil que fuera rentable, la mesa de contratación del Consistorio decidió considerarla como la mejor y adjudicarle el contrato.
El pasado 1 de noviembre comenzó el servicio y las deficiencias no tardaron en aparecer. En algunas zonas, los vehículos tardaron hasta seis días en recoger los residuos, además del empleo de vehículos no permitidos. Todo ello con el consentimiento del Ayuntamiento, que no sólo no ha planteado sanciones por ello sino que, además, carga toda la culpa en el anterior contratista.
Precisamente, FCC recurrió la adjudicación del contrato ante los tribunales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Incluso, la compañía llegó a solicitar la suspensión cautelar de la decisión, a la espera de que los jueces dictaran sentencia, aunque la petición fue denegada.
