La multa de 90 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) puede ser sólo la punta del iceberg de lo que se avecina para la banca. Las entidades financieras afronta posibles demandas por valor de 600 millones a raíz de las conclusiones del expediente, según fuentes jurídicas consultadas por este medio.
Estos cálculos se apoyan en cifras de la Asociación Empresarial Eólica, que estima que entre 2007 y 2013 se concedieron 3.000 millones en créditos para financiar proyectos eólicos. La mayor parte de estos créditos se firmaban junto a 'swap' (derivado), de los que la CNMC ha decretado ahora que eran irregulares. Y según fuentes jurídicas, los derivados han costado en torno a un 20% del valor del préstamo en los casos hasta ahora analizados.
Las entidades -CaixaBank, Santander, BBVA y Banco Sabadell- ya han señalado que van a recurrir la multa de la CNMC, argumentando que pactaron los precios porque eran préstamos sindicados, es decir, que exigían coordinación.
El problema para los bancos es que desde la interposición de los recursos hasta que hay una sentencia pasan no menos de dos años. A lo que hay que añadir que la mayoría de veces el asunto acaba en el Supremo -otros dos años. Y durante todo este periodo van a llegar decenas o centenares de demandas millonarias que se apoyarán en las conclusiones de la CNMC.
Interés internacional
Uno de los bufetes que más está enfocándose en este tipo de demandas es Jausas, que tiene un acuerdo con el fondo internacional Therium para financiar los litigios. El fondo paga a los abogados, los peritos y el procurador a cambio de un porcentaje del 30% de lo que se recupere.
Sólo Jausas y Therium tienen reclamaciones en marcha por valor de 15,2 millones de euros y otras en estudio por valor de 54 millones.
Los bancos se van a apoyar en un informe del Banco de España para recurrir la multa y defenderse en los tribunales
El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, señaló ayer jueves que los bancos expedientados tuvieron un "comportamiento inadecuado" durante una década. Para la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, "la decisión de la CNMC señala el camino a la transparencia y la ética que debe primar en el buen gobierno de la banca. Además, abre el camino a las empresas fotovoltaicas y eólicas para reclamar daños y perjuicios por este comportamiento”.
Por su parte, los bancos van a apoyarse en un informe del Banco de España para recurrir la multa y defenderse en los tribunales.
