La refinanciación del grupo de empresas de la familia Sanahuja, antiguos accionistas de referencia de la inmobiliaria Metrovacesa, que derivó en un agujero para sus principales acreedores (Santander, Banesto, BBVA, Popular, Sabadell y Caja Madrid) de unos 2.000 millones de euros, contó con el consenso y el apoyo del Banco de España. Un factor que fue determinante para que algunas de las entidades financieras, que tenían dudas sobre la viabilidad de la operación, decidieran finalmente sumarse a ella, con un pésimo resultado.
La situación quedó reflejada perfectamente en la reunión que celebró el consejo de administración de Caja Madrid el 16 de febrero de 2009, en cuyo orden del día se incluyó la operación de refinanciación de Sacresa, el grupo inmobiliario controlado por los Sanahuja.
En el acta del encuentro, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se reflejan las reticencias de varios consejeros a llevar a cabo la operación por el riesgo que conlleva. Uno de ellos llegó a afirmar que este tipo de acciones o ayudas al sector inmobiliario es “un error desde el punto de vista de estrategia económica y financiera a nivel nacional”, aunque a continuación añadió que “podían apoyarse” al “estar consensuadas entre las entidades financieras y el propio Banco de España”.
De acuerdo con lo que se recoge en el acta, hasta cuatro consejeros de la entidad manifiestan sus recelos sobre la operación y la posterior consecuencia de asumir la titularidad de las acciones de Metrovacesa e incluso proponen debatirla en próximas reuniones, cuestión que fue rechazada por el consejo.
Desplome bursátil
El visto bueno del Banco de España pesó demasiado pero, a la larga, se demostró que no fue nada atinado. En aquel mes de febrero de 2009 se cerró una operación a la que no se unieron todas las entidades financieras que eran acreedoras de los Sanahuja, al no terminar de ver claro el escenario (entre ellas, La Caixa).
Los que sí lo hicieron se quedaron con un 54% del capital de Metrovacesa a cambio de la deuda que había contraído Sacresa, lo que valoraba cada título de la inmobiliaria en 57 euros.
Tres años después los títulos de la compañía cotizaban por debajo de un euro y además los seis bancos que realizaron la refinanciación del grupo de Sanahuja tuvieron que aportar otro 1.900 millones más en una ampliación de capital necesaria para completar la nueva estructura financiera de la inmobiliaria. No fue lo que se dice un negocio redondo.
Cada año que transcurrió desde el canje de deuda por acciones, la banca se vio obligada a revisar a la baja la valoración del paquete que mantenían (y aún mantienen) en Metrovacesa, con la correspondiente provisión.
Consecuencias judiciales
Eso sí, el Banco de España, que había dado su bendición a la operación, al menos tendió un cable a las entidades y permitió que los bancos hicieran las valoraciones teniendo en cuenta el valor neto de los activos (NAV) de la inmobiliaria y no su precio de cotización, que presentaba un considerable descuento y que hubiera supuesto engordar de forma muy notable las citadas previsiones.
El acuerdo de dación en pago es uno de los elementos que figuran como protagonistas de un procedimiento judicial iniciado por accionistas minoritarios de Metrovacesa contra las últimas cúpulas directivas de la inmobiliaria y también contra las seis entidades financieras que participaron en este proceso.
Los querellantes enviaron recientemente un escrito de alegaciones en el que solicitan un impulso procesal al caso, que se encuentra en una fase de dirimir si finalmente es encargado a la Audiencia Nacional, al entender que tanto Metrovacesa como las entidades financieras no han presentado la documentación requerida en las diligencias abiertas para este proceso.
En este escrito, remitido por el letrado José Luis Abascal, aparece precisamente la mención al papel del Banco de España en el acuerdo de dación en pago, por lo que los querellantes presentarán también en breve la reclamación de responsabilidades penales para los que eran entonces máximos responsables de la institución.
