En septiembre pasado, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el griego Dacian Cioloş, de visita oficial a Canarias, se desplazó en helicóptero desde Gran Canaria hasta la vecina Fuerteventura para hacer un alto en las instalaciones que tiene en esa isla una pequeña empresa alimentaria que acredita, entre sus muchos logros, el reconocimiento otorgado a sus productos en los últimos años por los World Cheese Awards, los Óscar del Queso que se entregan cada año en Birmingham (Inglaterra).
2013 fue un buen año para Grupo Ganaderos de Fuerteventura SL. A la visita del comisario (única que realizó a una empresa de su sector), que coincidió con el 30 aniversario de su fundación, se sumó la concesión, a principios de año, de sendas ayudas por un importe de algo más de un millón de euros por parte del Ministerio de Industria que dirige José Manuel Soria.
La empresa figura, junto con una de sus filiales, entre las 36 sociedades y entidades canarias que resultaron beneficiarias de la última convocatoria de ayudas a la reindustrialización de la Secretaría General de Industria, adscrita al ministerio que dirige el también presidente del PP en Canarias. A ambas les correspondió un importe conjunto de 1.049.963 euros. Y se da la circunstancia de que las dos están estrechamente vinculadas a una diputada del PP, Celia Alberto Pérez, que fue la número 4 en la lista de los populares por Las Palmas en las últimas elecciones generales. El cabeza de lista por esa provincia fue el propio Soria.
El director general de las dos empresas subvencionadas es hermano de la diputada
Ganaderos de Fuerteventura es una “empresa familiar” de la que la joven diputada (nació en 1977) es apoderada aunque “sin percibir ningún tipo de remuneración”, según la declaración de actividades que Alberto presentó al Congreso tras tomar posesión del escaño el 1 de diciembre de 2011.
El principal accionista de la empresa es el padre de Celia Alberto, el empresario, militante del PP y ex alto cargo del Gobierno canario Alfredo Alberto Hernández, y su director general es Esteban David Alberto Pérez, hijo del propietario y hermano de la diputada.
La empresa recibió de Industria una ayuda por importe de 567.810 euros en concepto de "Innovación industria quesera-desarrollo y ampliación", mientras que a su filial Productos Lácteos de Lanzarote SA le correspondieron 482.153 euros para el proyecto “puesta en marcha industria láctea”, según recoge el BOE.
Preguntada sobre este asunto, Celia Alberto señala que no tiene “nada que ocultar” y que el procedimiento de adjudicación de las ayudas “cumple totalmente con la legalidad” porque las empresas "cumplían todos los requisitos" para recibirlas. Su concesión “no es un hecho que yo tenga que notificar al Congreso”, dice.
Normalmente, los diputados suelen incluir en sus declaraciones al Registro de intereses de la Cámara Baja la coletilla de que las empresas a las que están vinculados no tienen “ninguna relación” con el sector público, algo que la parlamentaria canaria, abogada y máster de asesoría jurídica por el Instituto de Empresa (trabajó en el despacho Garrigues) no hizo.
Alberto, que no disimula su cercanía con Soria (estuvo en el nutrido grupo de parlamentarios canarios que acudieron a su toma de posesión como ministro) y que actualmente es vocal de las comisiones de Industria, Energía y Turismo y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso, cree que cuestionar la concesión de esa ayuda por venir de donde viene y beneficiar a quien beneficia está “fuera de contexto” y es “injusto”.
La diputada recalca que no ha firmado “ningún tipo de acto” como apoderada en esa empresa desde que está en el escaño; subraya que no se trató de subvenciones ni de “ayudas" [pese a que así consta en la resolución publicada en el BOE], sino "de créditos blandos de reindustrialización” a un tipo de interés inferior al del mercado “que se devuelven”; y asegura que el dinero recibido “se ha destinado al fin para el que fue pedido”, como la puesta en marcha de una planta de transformación de yogures en Lanzarote. “¿Debería José Manuel [el ministro de Industria] prohibir que se den préstamos a una empresa canaria por el mero hecho de ser canaria?”, se pregunta.
Las ayudas, las últimas de este tipo que ha publicado Industria, fueron concedidas el 22 de enero de 2013 por la Secretaría General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, que entonces dirigía Luis Valero Artola. Valero abandonó el cargo en enero pasado y desde marzo de este año es consejero del gestor del sistema gasista, Enagás, una empresa participada por el Estado a través de la SEPI y con una relación muy singular con el Ministerio de Soria.
La principal empresa del grupo fue adquirida por la familia en 1991 y da empleo directo e indirecto a unas 300 familias
Fundada en 1983, Grupo Ganaderos de Fuerteventura puede presumir de haber obtenido, allá por 1996, la primera Denominación de Origen otorgada en España a un queso de cabra. Desde 1991 es propiedad del padre de Celia Alberto, cuando, según explica su hija, la rescató de la quiebra, “con una deuda de 40 millones de pesetas de la época”, tras pedir un préstamo de "100 millones de pesetas de las de entonces" al Ministerio de Agricultura que “se fue devolviendo”. “Es de las pocas empresas que apuestan por el sector primario en Fuerteventura”, dice la diputada.
La empresa produce y comercializa quesos frescos, tiernos, semicurados y curados, a los que se añaden las variedades de pimentón y gofio (un alimento típico del Archipiélago Canario), a través de las variedades Majorero, típica de Fuerteventura (con su enseña más conocida, Maxorata), y otras marcas como El Pastor Isleño y el Tofio. Actualmente tiene unos 90 empleados y de ella dependen “unas 300 familias”, contando los 200 ganaderos “a los que paga facturas mensuales de la leche que les compra”, explica Alberto.
Tras su adquisición hace más de veinte años, “lo único que ha hecho desde entonces mi padre es dedicarse a trabajar como un negrito”, dice la diputada. Con la empresa ya encarrilada, en 2007, su padre hizo un paréntesis en su actividad empresarial para incorporarse al Gobierno de Canarias, que entonces tenía como vicepresidente al propio José Manuel Soria, en un área que conocía a la perfección: Alberto se convirtió en director general de Ganadería, pero estuvo poco tiempo; dimitió al año siguiente, en 2008, por “motivos de salud”.
Según algunas informaciones locales, a los trece días de abandonar el cargo, la consejería de la que formaba parte Alberto, la de Agricultura, concedió una subvención de más de 451.000 euros a una explotación ganadera del empresario, que actualmente preside la Asociación de Ganaderos Majoreros de Fuerteventura (Agama) y es consejero de la Cámara de Comercio de Fuerteventura.
Sin embargo, su hija dice que las empresas de su familia no han recibido “ningún tipo de subvención más allá de las del POSEI” (programa europeo de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad), que incentiva a las regiones ultraperiféricas de la UE y que las empresas canarias “llevan tiempo sin cobrar porque el Gobierno regional no aporta los fondos”.
La diputada asegura que su padre y el actual ministro de Industria “no son amigos ni enemigos”. “Están en el mismo partido, pero no tienen una relación personal”, concluye.
Por su parte, el Ministerio de Industria no ha querido hacer comentarios sobre este asunto.
