La Audiencia Nacional ha abierto una página sin precedentes en la historia financiera del país al imputar a los responsables de Bankia por presuntos delitos de fraude, falsedad de cuentas, administración desleal y apropiación indebida. Por primera vez, el fiasco contable de una salida a bolsa da lugar a una investigación judicial. El juez Fernando Andreu ha abierto lo que --según sus propios términos—pretende ser el Enron, Worldcom o Tyco español, casos que “han sido decisivos para confirmar la posibilidad de llevar a juicio a los administradores y ejecutivos” por sus “decisiones abusivas”, afirma Andreu.
El juez pretende investigar los créditos a responsables políticos, el uso partidista de las cajas y las "presiones" al auditor
Pero la acusación contra Rodrigo Rato, Ángel Acebes y José Luis Olivas junto al resto del Consejo de BFA-Bankia puede ir mucho más allá, según se desprende del propio escrito del juez y han confirmado fuentes de la Audiencia Nacional: el magistrado pretende extender su investigación a los responsables políticos del Gobierno, la Generalitat y el Instituto Valenciano de Finanzas.
En el auto, el magistrado adelanta que pretende convertir “los vínculos entre el poder político y la gestión de las cajas” en materia de investigación judicial. El juez pretende investigar, según fuentes judiciales, la concesión de créditos desde Bankia a responsables políticos, el uso partidista de las cajas de ahorro y lo que describe como “tremendas presiones” a las que se sometió al auditor para que firmara las cuentas de Bankia.
La investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, que admite a trámite y hace suyos los argumentos de la denuncia presentada por UPyD, supone abrir una página nueva en la historia financiera del país pero, sobre todo, puede dar lugar a una revisión del uso político de las instituciones financieras.
La investigación judicial revisa las posible connivencias de los reguladores y del nuevo consejo de Bankia
El magistrado ha citado ya a declarar como testigos al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordóñez, y al presidente de la CNMV, Julio Segura, los dos organismos reguladores encargados de velar por la defensa de ahorradores y accionistas antes de la salida a bolsa de Bankia. La citación es significativa porque el magistrado afirma que ha faltado diligencia en la vigilancia del mercado e insinúa que puede haber llegado a haber connivencia. El juez afirma que “causa estupor” que la CNMV dejara salir a bolsa con una valoración elevada a una empresa “que carece de cuentas consolidadas de ejercicios anteriores”.
El juez insinúa la complicidad del regulador y del nuevo consejo de administración en el escándalo Bankia
De igual modo, arroja sospechas sobre la independencia del nuevo consejo que dirige la entidad financiera al afirmar que la primera labor del equipo que dirige José Ignacio Goirigolzarri ha sido ocultar lo que describe como "pésima gestión" de Rodrigo Rato. Andreu se pregunta en su auto "¿cómo es posible que el Consejo de Administración entrante --que supuestamente ha de velar por los intereses de sus accionistas-- dedique todos sus esfuerzos a justificar la actuación del Consejo saliente en vez de depurar las responsabilidades de los anteriores gestores?"
La Audiencia abre sus puertas a la persecución de las preferentes
El juez de la Audiencia Nacional abre también la puerta a la persecución por el tribunal especial de las conocidas como “participaciones preferentes”. En su relato de los hechos, Andreu describe cómo Bankia “elegía sistemáticamente a pymes y clientes individuales dado su bajo índice de conocimientos culturales o entendimiento (…) con dolo y mala fe”.
Los afectados por las preferentes están resolviendo sus causas en tribunales ordinarios o con demandas de conciliación. Sin embargo, la investigación del magistrado puede abrir las puertas del tribunal especial a lo que describe como el “fraude de las preferentes” que –según afirma el juez—“pueden calificarse de cualquier cosa menos preferente”.
