Este jueves a las 12.30 de la mañana ha comparecido ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid el responsable legal de Blablacar en España, Jaime Rodríguez de Santiago-Concha, para declarar después de la demanda presentada por la confederación de empresas de autobuses Confebús, que pide la suspensión inmediata de la red social para compartir vehículo por competencia desleal y por crearle un lucro cesante. El negocio conjunto de las empresas que forman la patronal ha caído un 20% por culpa de esta empresa, según aseguran.
Es un caso que guarda similitudes, y también muchas diferencias con la suspensión acaecida el pasado 30 de diciembre del servicio de Uber Pop en Madrid, Barcelona y Valencia. En este caso el juez, el mismo juez que de forma supuestamente fortuita decidirá sobre Blablacar, optó por atender a la petición de medidas cautelares de las federaciones de taxistas, y desde ese mismo 31 de diciembre el servicio para trasladar a pasajeros en ciudades a través de una app ha desaparecido en España. En aquel caso lo hizo sin ni siquiera escuchar a la parte afectada, algo poco habitual.
Las argumentaciones jurídicas de la demanda de los autobuses son que existen muchas personas que han optado por compartir su vehículo con intención de ganar dinero, compitiendo en posición de ventaja con el transporte de pasajeros por carretera ya que no pagan impuestos relacionados con su actividad económica, seguros o similares. La demanda fue aceptada en pleno verano, aunque el equipo jurídico de la federación de empresas de autobuses lleva trabajando en ella desde el pasado mes de febrero, tal y como adelantó Vozpópuli.
La compañía francesa, que de startup desconocida en 2012 pasó a conseguir casi 100 millones de dólares de financiación para expandirse por el mundo el año pasado -de fondos de inversión como Index Ventures, Accel Partners, ISAI y Lead Edge Capital- argumenta que estos casos son totalmente marginales y que es practicamente imposible, con los precios cobrados por trayecto, utilizar los viajes de Blablacar como modo para ganarse la vida. También ha argumentado ante el juez que tiene un equipo de 50 personas dedicadas exclusivamente a evitar que nadie pueda lucrarse utilizando su 'red social para compartir coche'.
Uber fue usado, en los pocos meses que estuvo activo, por muchos extranjeros en condiciones precarias que utilizaron el servicio como fuente única de ingresos
El juez en este caso ha decidido escuchar a la parte denunciada antes de tomar cualquier medida cautelar, algo que no ocurrió con Uber, que fue suspendido sin poder justificarse. En este caso no existe la conflictividad social que había con la compañia californiana, que entró como elefante en cacharrería en las ciudades españolas parapetándose en personas -muchos de ellos extranjeros en condiciones económicas precarias- que utilizaron su servicio para ganar dinero de forma lega ofreciendo un servicio de taxi. Sin embargo, Blablacar tiene una comunidad amplia y fiel en España que publica 2 millones de viajes al año. En algunas rutas entre ciudades, como Madrid-Murcia o Madrid-Valencia, su importancia es tal que cada día se publican cientos de viajes en una y otra dirección. La empresa cobra una comisión próxima al 10% del viaje para cada trayecto, funcionando como plataforma para poner en contacto conductores con pasajeros.
Desde la compañía francesa se mostraban confiados en que el juez escuchará sus argumentos y desestimará la suspensión del servicio. El impacto social de prohibir, aunque fuera temporalmente, una forma de transporte que utilizan miles de personas cada día en el país, sería impredecible e incluso podría ser de poca ayuda para un Gobierno en época preelectoral. Sin embargo, existen ciertas dudas por el hecho de que se trate del mismo juez, a pesar de que fuentes conocedoras de la situación aseguran que su concurso ha sido asignado de forma rotatoria y totalmente fortuita.
En cualquier caso, con Blablacar no existe la situación de conflictividad que sí había con Uber, un servicio que dejaba muchas dudas éticas y jurídicas a pesar de que sus promotores siempre aseguraron que también era 'carsharing'.
El tamaño de Blablacar, con sólo 10 trabajadores en España, contrasta con que es uno de los principales agentes de transporte por carretera del país
España es el segundo país en importancia en Blablacar tras su Francia original. La empresa está obligada a pagar en nuestro país el IVA de las comisiones que cobra, aunque sus beneficios son derivados a Francia, donde se paga el impuesto de Sociedades. En España apenas cuentan con 10 empleados pese a que es uno de los agente más importantes de transporte por carretera. Claro contraste con las empresas de autobuses, que como recordaba a este periódico el representante de Fenebús, José Luis Pertierra, hace unos meses, "trabajamos en la legalidad, pagamos impuestos y somos plenamente legales. Tenemos un seguro que obliga a atender los derechos de los viajeros, como proporcionarles hotel, comida, otro medio de transporte y todos esos gastos por cuenta del titular del vehículo averiado. En Blablacar no tienen nada, ante una situación similar se quedan tirados".
La realidad es que la apariencia de pequeña startup de Blablacar se compadece poco con la realidad de que es uno de los agentes que más personas mueven en transporte por carretera en España. No es la única compañía que hace esto en España, pues otras como Amovens realizan el mismo servicio, en este caso sin cobrar por trayecto. Sin embargo, la denuncia de Confebús sólo es contra Blablacar.
