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Botín proyecta los cálculos de Deloitte para imponer unas pérdidas históricas en Popular

Las provisiones inmobiliarias, el fondo de comercio de Pastor, los litigios y los créditos fiscales forzarán unas pérdidas en Popular que distintas fuentes creen que superarán los 7.000 millones. Estos números rojos no alcanzarán a Santander, ya que estos hechos se produjeron contablemente antes de la compra.

  • La presidenta del Banco Santander, Ana Botín.

Este viernes se conocerán las primeras cuentas de Banco Popular tras su rescate exprés y venta a Santander por un euro. Éstas desvelarán pérdidas históricas de la filial, según distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli. Hasta ahora, los peores resultados en la historia del Popular se cerraron en 2016, con números rojos por valor de 3.700 millones. Los de este semestre podrían llegar a superar los 7.000-8.000 millones, según las mismas fuentes.

Hay dos datos clave en torno a estas pérdidas. El primero, que para llegar a ellas, el consejo de Popular, presidido por Rodrigo Echenique, ha usado cálculos similares a los que Deloitte empleó en su informe para el Frob europeo (la Junta Única de Resolución o JUR), que daba tres valoraciones (-8.000 millones/-2.000 millones/+1.300 millones). La JUR se ha negado a hacer público el informe de Deloitte, por lo que los directivos de Santander habrían llegado a las mismas conclusiones a través de sus propios cálculos.

Para obtener estas pérdidas históricas, Santander adelanta todos los deterioros que pronostica para Popular: el agujero inmobiliario, que tasa en 7.200 millones; la dificultad para recuperar en torno a la mitad de los créditos fiscales, de los que Popular tenía por valor de 5.000 millones; la pérdida de alguno de los fondos de comercio, como el de Banco Pastor (1.700 millones), software y marca (500 millones); el coste de los litigios, de los que como mínimo se adelantará la compensación anunciada para algunos clientes del Popular, valorada en casi 1.000 millones.

Sin impacto para Santander

La segunda clave es que estas pérdidas históricas no impactarán en las cuentas consolidadas del Santander. Se aplicarán todos estos ajustes a fecha de un día antes de la compra por parte de la entidad presidida por Ana Botín, firmada el 7 de junio. El precio de la misma ha sido el euro pagado más los 7.000 millones que ha ampliado su capital la entidad, en una operación que se cerró este miércoles con una demanda de 58.000 millones.

Santander ya anunció de forma oficial que su beneficio del primer semestre será de 3.600 millones, un 24% más que en los seis primeros meses de 2016. "Tras la integración de Popular, el beneficio neto atribuido de Santander, a 30 de junio de 2017, experimentará una variación muy poco significativa con respecto al beneficio estimado de 3.600 millones de euros que habría dado el Grupo si no se hubiera producido la adquisición", explicaba el banco en su comunicado.

Emilio Saracho, expresidente de Banco Popular

Las fuentes consultadas explican que Botín está llevando a cabo en Popular una estrategia similar a la que puso en práctica José Ignacio Goirigolzarri en Bankia, llevando al máximo las provisiones. Con ello, Santander tendrá cubierto el peor de los escenarios y sumará plusvalías a medida que mejoren sus previsiones.

Un ejemplo de ello es el ladrillo. Tras las provisiones de 7.200 millones que va a aplicar la nueva Popular, la cobertura de los activos problemáticos se elevará hasta el 67%, frente al 52% de media del sector. Con ello, será más fácil que Santander culmine la operación con la que quiere traspasar el 51% de todo el ladrillo de Popular a un fondo. Compiten Lone Star, Apollo y Blackstone. Ninguna otra entidad puede plantearse una operación similar. De hecho, Bankia lo intentó hace dos años con el Proyecto Big Bang, seis veces inferior al de Popular, y no encontró comprador a su precio contable.

Antiguos inversores de Popular y despachos de abogados medirán al milímetro las cuentas semestrales del banco

Las cuentas que presenta este viernes Popular son clave, ya que todos los inversores que están preparando demandas prestarán especial atención. Sobre todo los que tenían deuda subordinada (CoCos) del banco, los últimos en registrar pérdidas, como Pimco. Alegan que tras el impacto sufrido por los accionistas no hacía falta que la resolución se extendiera a los 2.000 millones en bonos.

Igual de clave es la labor que está llevando a cabo PwC en este proceso, ya que es auditor de las dos entidades. Esta firma aprobó todas las cuentas de Popular, incluidas las de la ampliación de capital y las de finales de 2016, aunque en el último año había incluido párrafos de énfasis en sus informes sobre el Popular.

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