La investigación abierta el año pasado por las autoridades de la competencia brasileñas sobre un nutrido grupo de fabricantes ferroviarios sospechosos de participar en un posible cártel para repartirse licitaciones multimillonarias en ese país ha salpicado de lleno, como se preveía, a la empresa vasca Construcción y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), primer fabricante de trenes de Brasil.
La compañía de Beasain (Guipúzcoa) ocupa un lugar destacado en la amplia investigación que inició hace meses el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), equivalente brasileño de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras la confesión, en mayo pasado, de la alemana Siemens, que participó en el supuesto cártel desde sus inicios y que ahora busca librarse de una fuerte multa a cambio de delatar a sus antiguos compinches.
La investigación se anunció en julio pasado, un mes antes de que el Gobierno brasileño anunciara que retrasaba por "al menos" un año un macrocontrato de AVE valorado en unos 13.000 millones de euros al que optaban buena parte de las empresas investigadas. Y este jueves, el organismo aportó algunas cifras que dan idea de la dimensión del presunto entramado ilícito, que afecta a un mercado con una elevada concentración y elevadas barreras de entrada, como mandan los cánones para abonar este tipo de conductas anticompetitivas.
El CADE maneja “fuertes indicios” que apuntan a que durante 15 años, desde al menos 1998 hasta julio pasado, un total de 18 empresas pudieron llegar a acuerdos para repartirse hasta 15 grandes licitaciones ferroviarias (tren y metro) en cinco Estados del país (Sao Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, Río Grande do Sul y Río de Janeiro) por un importe conjunto de cerca de 9.400 millones de reales brasileños (más de 3.000 millones de euros).
El CADE ha publicado un extenso informe preliminar que contiene extractos de los miles de manuscritos, correos electrónicos, informes internos, notas de gastos y otros documentos recopilados en el transcurso de la investigación; unos, entregados por la propia Siemens en su denuncia y otros, incautados por el propio organismo el pasado 4 de julio, tras el registro de las sedes de 13 empresas, incluyendo la de CAF en Brasil.
En el proceso, el guardián de la competencia brasileño ha decomisado más de 10.000 documentos y 25 discos duros que prueban que los participantes en el cártel “habrían dividido las licitaciones entre ellos y simulado competir en los concursos”, por medio, por ejemplo, de la concertación previa de ofertas que presentaba cada consorcio.
El objetivo era “fijar precios, dividir el mercado y ajustar las condiciones” de las ofertas, y para ello, “las empresas habrían utilizado incluso fórmulas legales como la del consorcio o la subcontratación", con el objetivo de "dar una apariencia de competencia”.
"Sería más fácil obtener éxito parcial con un acuerdo de reparto", decía un directivo de CAF en un mensaje interceptado
La cuantiosa documentación interceptada revela la chapucera operativa habitual en estos casos. “Sería más fácil obtener éxito parcial [en una licitación] con un acuerdo de reparto” de un contrato, dice un directivo de CAF en un documento de finales de los 90; otra comunicación de un directivo de Alstom, también español, se refiere por su parte a los alemanes de Siemens como “los rubios” que, dice, iban “a decir que no” a una propuesta para repartir una licitación en partes alícuotas.
El mismo directivo de Alstom también explica en otro correo cómo tras una “invitación” de “los boinas” de CAF les propuso “repartir el equity y eliminar al mismo tiempo un competidor” en un concurso; y en otra, un directivo de Siemens pronosticaba que Alstom recurriría una adjudicación concedida al grupo alemán aunque sería, decía, puro “teatro”, con el fin de “aparentar que hubo competencia entre las empresas”, según el CADE.
El proceso afecta a varios gigantes mundiales del sector ferroviario, entre los que ocupa un lugar muy destacado la francesa Alstom, que, como consecuencia de las pesquisas del Cade, se ha visto envuelta en un proceso judicial aún en curso por el pago de presuntos sobornos a funcionarios públicos para conseguir contratos en Sao Paulo.
Además del grupo francés, Siemens y CAF, entre los investigados por el CADE están la británica Balfour Beatty, la canadiense Bombardier, la coreana Hyundai-Rotem y la japonesa Mitsui. El proceso también afecta a la filial brasileña de Temoinsa, empresa fundada en Cataluña a finales de los 70 y que en 2010 dejó de tener actividad en España, aunque pertenece a dos empresarios españoles, Álvaro Colomer y Miguel Sagarra, que figuran entre las 109 personas a las que investiga el CADE, según el informe publicado este jueves por el organismo.
Además de una posible multa, hay riesgo de prohibición de acudir a licitaciones si se demuestran las conductas prohibidas
En ese centenar largo de personas hay un buen número de españoles, incluyendo tres vinculados a Alstom: su expresidente en España, Antonio Oporto, el ex vicepresidente de Alstom Transport, César Ponce de León, y el actual director financiero en España, Juan María Íñiguez.
En el caso de CAF, el informe publicado este jueves por el CADE cita a, entre otros, Begoña García Vázquez, actual gerente de Operaciones de CAF en Sudamérica, o Luis Giralt, su ex director del Área Internacional, además de al brasileño Agenor Marinho, su presidente en la filial investigada.
De ser consideradas culpables, las empresas podrían tener que pagar una multa de hasta 20% de su cifra de negocio en el país, sin excluir la vía judicial, además de una posible prohibición para contratar con las administraciones locales (federales, estatales o municipales) durante un mínimo de cinco años. En el caso de CAF, que tiene en Brasil uno de sus principales mercados, las pesquisas del CADE suponen, cuando menos, un serio contratiempo.
