Casi 310 millones de euros para el mayor contrato público de adquisición de carburantes licitado hasta ahora por el Estado español. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha puesto cifra al macrocontrato que negocia desde este mes con las compañías petroleras presentes en España con el objetivo de centralizar la adquisición de combustibles de la Administración General del Estado.
Hacienda ha cifrado el valor estimado (impuestos incluidos) de este contrato, sin precedentes en España, en 309,2 millones de euros, cifra que, descontados los impuestos, ascenderá a unos 231 millones. El departamento de Cristóbal Montoro, que quiere centralizar las compras de todos los Ministerios para negociar a la baja todos los contratos de la Administración General del Estado con sus proveedores, ha empezado a negociar con las petroleras, a las que convocó el pasado día 12 para explicarles las características de este macro contrato.
El Ministerio, que quiere reducir el gasto corriente (más de 7.000 millones de euros anuales), ha querido invitar a todos los proveedores de carburantes de la Administración, “grandes y pequeños”, para empezar a redactar el pliego de ese macrocontrato, que prevé adjudicar el próximo 31 de enero y con el que se unificarán las compras de combustibles que realizan todos los Ministerios; no sólo para el parque móvil del Estado, sino también para todos los edificios públicos.
El proceso, según fuentes de Hacienda, se está llevando a cabo en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El objetivo de esta recién creada central de compras es lograr mejores precios con ese mayor poder de negociación y rebajar la multimillonaria factura anual que destina la Administración General del Estado a la adquisición de combustibles (bien para el transporte, bien para calefacción de edificios), con contratos tan jugosos como los que licitan periódicamente ADIF o el Ministerio del Interior para el suministro a Policía y Guardia Civil.
El proceso lo está dirigiendo la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente de la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Platero, y creada a finales del pasado mes de septiembre por el departamento de Montoro con el objetivo de impulsar, gestionar y llevar a cabo la contratación centralizada en el ámbito del Sector Público Estatal, en el marco del plan del Gobierno para reducir el gasto corriente de la Administración General del Estado.
A este macrocontrato le sucederán otros en áreas como las telecomunicaciones, la seguridad, los servicios de agencia de viajes o las compras de vehículos.
