Los contrincantes del PSOE que acuden a las elecciones por el Gobierno de Cataluña, el próximo 21 de diciembre, tendrán a mano la fotografía de dos altos dirigentes socialistas sentados en el banquillo de los acusados por el presunto mayor caso de corrupción ocurrido en Andalucía. El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, no podrán evitar el 13 de diciembre la pena del paseíllo cuando acudan el próximo miércoles al juzgado por el caso de los ERE.
Entre los próximos días 13 y 15 de diciembre se celebran en un tribunal de Sevilla las cuestiones previas del juicio por el caso de los ERE, que comenzará el 9 de enero. Esta semana, además de Chaves y Griñan, se sientan en el banquillo otros 20 acusados, en un proceso al que están llamados a declarar más de un centenar de testigos y que previsiblemente se alargará durante buena parte del año 2018.
Más de 100 testigos, 22 acusados, desfilarán por el juzgado sevillano por una causa que tiene más de 200.000 folios y que investiga el empleo ilícito entre los años 2000 y 2010 de cientos de millones de euros -741 millones de euros, estima la Fiscalía Anticorrupción- en el reparto de subvenciones públicas.
La Fiscalía considera que tanto Chaves como Griñán, este último también en su condición de consejero de Economía y Hacienda, conocieron el reparto irregular de ayudas públicas a empresas y trabajadores durante la primera década de este siglo. Griñán afronta petición de seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos, mientras que el fiscal solicita 10 años de inhabilitación para Chaves por delito de prevaricación.
En su escrito en el que la delegación de Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción solicitaba la apertura de juicio oral al juzgado de instrucción número seis de la provincia andaluza, se explicaba que los encausados consiguieron que las denominadas ayudas socio laborales para el pago de primas de pólizas de rentas para extrabajadores y a empresas en crisis "soslayaran la necesaria y preceptiva fiscalización crítica o previa de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo".
Al no establecerse el más mínimo mecanismo de comprobación en el reparto de ayudas públicas, "personas que nunca han pertenecido al colectivo afectado [desempleados] han percibido rentas de pólizas abonadas por la Consejería de Empleo". La ausencia de controles administrativos permitió además que muchos de los desempleados que recibieron ayudas públicas, las siguieran percibiendo aún habiendo logrado encontrar empleo. Al menos 66,1 millones de euros no están debidamente contabilizados en esa partida de ayudas a parados.
Al igual que no se controló el sistema de ayudas a desempleados, tampoco se gestionó con la debida diligencia el reparto de subvenciones públicas a empresas en crisis. "Al no publicarse como es exigida su concesión y no registrarse como es obligado en el registro de la base de datos y subvenciones de la Junta de Andalucía", explicaba la Fiscalía, "se han visto privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de empresas en situación de crisis económica o tecnológica". Un gran número de las ayudas a empresas concedidas carecieron "de un objeto concreto, respondiendo a fines muy diversos, tales como pago de nóminas, pago de deudas, pago de minutas por asesoramientos jurídicos, pago de avales, etc...".
La Fiscalía solicita prisión, además de para Griñán, para otros miembros del Gobierno andaluz que entre 2000 y 2010 ocuparon puestos en la Administración de la Junta, entre ellos los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández, y Francisco Vallejo. Para los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez pide 10 años de inhabilitación.
Retrasos
El elevado número de encausados y de testigos llamados a declarar hace prever que el juicio por el caso de los ERE se prolongará durante varios meses del próximo año. A la complejidad de la causa se le suma el hecho que de los tres magistrados que componen el tribunal, dos juezas no han recibido todavía permiso para liberarse de otros juicios en los que trabajan en la actualidad.
Por esta razón, explican fuentes cercanas a la defensa de los acusados, previsiblemente el juicio tendrá retrasos. En principio estaba planeado que se celebraran sesiones tres días a la semana, mañana y tarde, pero mientras las dos magistradas no logren el permiso pertinente para dedicarse en exclusiva al caso de los ERE, es posible que se recorte el número de días a la semana o que no se celebren jornadas completas.
El pasado mes de febrero el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia advirtió que el caso de los ERE supondrá tal carga extraordinaria de trabajo que es "imposible llevar adelante con el escaso personal" con el que cuenta la Sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla. El sindicato también señaló que las salas de la Audiencia son insuficientes para albergar a todas las personas -abogados, encausados, testigos, funcionarios, periodistas, público- que acudirá a las sesiones del juicio.
