Para principios del próximo mes de junio está prevista la celebración del juicio por el ERE realizado por el embotellador único de Coca Cola (CCIP). Los sindicatos iniciaron una campaña demoledora contra Coca Cola, a raíz del ERE anunciado por el embotellador en España, tras la fusión de las siete empresas embotelladoras. El anuncio suscitó reacciones de corte violento, con ataques a algunas plantas, boicots a los productos, denuncias a la administración e incluso acusaciones de venta de mercancía caducada.
Pero poco a poco los sindicatos están plegando velas, reconociendo sus errores, con acusaciones entre las propias asociaciones de trabajadores. Por si fuera poco, un elevado número de trabajadores se ha acogido a las condiciones ofrecidas por la empresa que, por cierto, son mejores que las ofrecidas por las asociaciones sindicales en sus propios EREs.
La propia CC OO emitía una nota de rectificación el pasado 26 de abril, en el que afirmaba que “en relación con la nota de prensa remitida a los medios el pasado 11 de abril de 2014, sobre el desmantelamiento de la fábrica de Coca Cola Iberian Partners (CCIP) de Fuenlabrada, desde Feagra-CCOO, una vez recibida comunicación fehaciente de CCIP con fecha 15 de abril, en relación al párrafo tercero de la nota citada sobre la salida de productos de la fábrica de Fuenlabrada, y a la vista de esta información, no facilitada previamente a la representación legal de los trabajadores, hemos de rectificar lo siguiente:
El concentrado retirado de la fábrica de Fuenlabrada cumple con los requisitos de calidad y seguridad alimentaria”.
Una rectificación de enorme importancia, por cuanto supone desmontar una gran parte de la estrategia sindical, que en muchos casos ha abogado por atacar a la marca e incluso pedir el boicot a sus refrescos. Este último apartado provocó enorme controversia, ya que perjudicar a la empresa es algo que perjudica todavía más a la plantilla. Así quedó demostrado con una presunta solidaridad del socialista Rafael Simancas, que tuvo que ser más que matizada a toda prisa.
Una postura dura, irracional en tanto que desde el embotellador único (CCIP) se han topado con la negativa a la negociación, algo denunciado incluso por otras asociaciones como el sindicato USO, que apuntaba que sólo “el interés personal de CCOO y UGT ha evitado un acuerdo”.
Fuentes sindicales apuntan que “desde un primer momento se ha intentado hacer daño a la Marca por encima de buscar una solución en la que primara la defensa de los intereses de los trabajadores. Se ha presionado pidiendo a los clientes que no consuman Coca Cola ni el resto de marcas de la compañía, algo que va contra todos nosotros, ya que 3.000 seguirán trabajando y tienen que vivir del consumo futuro”.
El caso es que en aquellos centros donde no fueron impedidas las consultas a la plantilla por los propios sindicatos, hasta un 90% de los trabajadores apoyó la propuesta de la empresa. Luego, en el periodo de adscripción voluntaria, más de 1.700 trabajadores se apuntaron a la oferta de la empresa de CCIP e incluso algunos comités de empresa en centros como Alicante.
CCOO despreció estas cifras, señalando que llegaban porque la compañía “había puesto una pistola en la cabeza de los trabajadores”, pero pasando por alto que las condiciones distan mucho de ser inaceptables.
Incorporan, eso sí, conceptos como la movilidad geográfica, una cuestión casi inédita en España, pero que deberá ganar protagonismo de manera inexorable en el futuro en un mercado laboral que pretende ser más dinámico y flexible .
