Tras las mediáticas informaciones de multas millonarias por infracciones de competencia a grandes empresas hallamos una realidad: la gran mayoría de estas sanciones se elimina total o parcialmente después de recurso, siendo escasas las que se mantienen en su cuantía original. Este hecho, del que no se informa tanto en los medios de comunicación, ha sido denunciado este lunes por el profesor de IE Law School Francisco Marcos, quien en unas jornadas en la sede de la CNMC ha recordado a los reguladores que su trabajo sancionador queda la mayoría de las veces desvirtuado por la propia acción de la justicia. Sus multas, convertidas en papel mojado.
Este mismo lunes, el Tribunal Supremo ha confirmado el último caso: elimina completamente una multa de 21,6 millones de euros impuesta por la CNC a Mapfre y otra de 15’8 millones de euros a Münchener en 2009 al "no considerar probada la participación de ambas compañías en la conducta colusoria". Paradójicamente, las otras cuatro empresas que fueron multadas y sus multas anuladas por la AN (Asefa, Swiss, Scor Global y Caser) no han tenido la suerte de que se eliminen estas completamente, pero el TS estima su recurso contencioso administrativo y pide a la CNMC "que recalcule el importe de la sanción sin que pueda superar el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediatamente anterior ni tampoco ser mayor que la impuesta en 2009, que ha quedado anulada. Entre las 4 empresas debían pagar 83 millones de euros.
Si se recopilan datos, observamos cómo, de las 7 mayores multas impuestas hasta 2014, 10 han sido anuladas o reducidas. Observemos la relación en este cuadro.
La AN ya quitó completamente la multa de 21 millones a Mapfre, gracia que ha sido confirmada por el Supremo, que "no considera probada participación"
Las palabras de Marcos no han sido bien recibidas por algunos en la sede de la CNMC en Madrid, a pesar de que los datos parecen avalar su tesis. Basta analizar las últimas multas impuestas para ver como todas han sido rebajadas y en algunos casos extremos, eliminadas. Se rebajó la multa a las navieras del estrecho, se eliminó completamente la multa a Unesa (que recurrió a que las pruebas contra ellos se habían conseguido de forma ilegal), se rebajó la multa a la peluquería profesional y también se han anulado la mayoría de las multas a las navieras de Baleares. Las licitaciones de carreteras... prácticamente todas las multas a grandes compañías han sido minoradas, con honrosas excepciones como la multa impuesta a Iberdrola Castellón en 2007 o la de Céntrica contra Endesa-Iberdrola en 2009.
Siempre recurrir... siempre toca
"Las empresas tienen claro que hay que recurrir porque siempre va a tocar algo", comenta a este diario Marcos. "Las compañías tienen buenos abogados, aportan tantos argumentos como pueden, y de todos ellos alguno puede servir al tribunal que lo revisa. Va por épocas, por ejemplo ha habido una época en la que se ha aludido a algo tan inaudito como los derechos fundamentales de las personas jurídicas. ¿Desde cuándo una persona jurídica tiene un derecho, por ejemplo a la intimidad? Pues por un caso así se han anulado recientemente la multa a Unesa, la patronal eléctrica, y a las principales compañías eléctricas a pesar de que en los papeles que se interceptaron se acreditaba que había un cártel". La cuantía de estas multas-eliminadas el 15 de abril- no es poca: 61 millones de euros.
"Este mismo argumento ha sido utilizado la semana pasada por Transmediterránea y Balearia: derecho a la intimidad de ambas". Existen otros casos en los que se reduce la cuantía simplemente porque la justicia considera que es excesiva, como por ejemplo en el caso de las cajas vascas y navarras (2007). Les pusieron una multa de 24 millones que luego el TS bajó a la mitad. El argumento fue que 24 millones era un importe desproporcionado. Marcos lo tiene claro, "en aquel año el presupuesto de la CNC era de 13,5 millones de euros. ¿Para qué ese gasto en recursos públicos si luego el Supremo decide que reduce las multas a la mitad? ¿Cuál es el criterio?".
La última multa sonora, que fue la impuesta el pasado 4 de marzo al cártel lácteo y que es hasta la fecha de las más cuantiosa (88 millones de euros), también está en entredicho. Antonio Hernández Callejas, presidente de Ebro Foods (responsable de Puleva en el momento de su sanción) ya ha anunciado que la decisión ha sido recurrida, concurriendo circunstancias que hacen ser "optimistas" respecto a la obtención de una resolución favorable para los intereses de Puleva. "Puleva jamás ha concertado precios y nos parece una multa desproporcionada, que respetamos pero con la que no estamos de acuerdo. La CNMC no ha sabido entender bien la idiosincrasia del mercado, porque esto no es Wall Street sino mercados rurales, y ha faltado comprensión", aseguró tras la junta de accionistas de la empresa. Una vez más, la justicia podría desdecir la decisión del regulador, que también sancionó a otras compañías como Danone, Peñasanta, Lactalis, Nestlé o Calidad Pascual.
