El temor a que se dispare el coste del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares que Enresa construirá en Villar de Cañas (Cuenca) ya ha llegado al Congreso de los Diputados.
IU y el PSOE han presentado varias preguntas por escrito al Gobierno en las que interrogan al Ejecutivo por aspectos como el incremento presupuestario experimentado por esta infraestructura, las adjudicaciones a empresas vinculadas al marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, o el coste de las expropiaciones de los terrenos.
En concreto, el diputado de IU Cayo Lara ha preguntado al Gobierno, entre otras cuestiones, por “los motivos por los que hace cuatro años el presupuesto” de esta infraestructura “fue de 700 millones y finalmente ascendió a 900”; si “se sujetará el coste final” a esos 900 millones, así como “cuáles pueden ser los motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente”.
Lara también pregunta si “existe alguna duda en Enresa con la plena idoneidad del emplazamiento”, teniendo en cuenta “las incertidumbres que presenta desde el punto de vista geológico”; si se ha fraccionado algún tipo de licitación en varios concursos y “qué opinión le merece al Gobierno que Enresa haya encomendado los mayores contratos adjudicados hasta ahora para poner en marcha el silo nuclear, a consorcios en los que participa de forma directa o indirecta Iberdrola Ingeniería, que hace año y medio fichó como consejero al marido de la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2011, y secretaria general del Partido, la gran valedora del presidente actual de Enresa”, el exalcalde de Ciudad Real Francisco Gil-Ortega.
Por su parte, otro parlamentario manchego, Luis Carlos Sahuquillo (diputado socialista por Cuenca), ha planteado otras dos preguntas al Gobierno relacionadas con el ATC. En la primera, le pide que desglose “cuál es el importe de las certificaciones de obra, desglosadas por meses, correspondientes a la obra”, y un desglose de “las cantidades certificadas atendiendo a la ejecución de obra, anticipo de maquinaria, acopio de materiales y otros conceptos si los hubiera”.
En la segunda, Sahuquillo pregunta, respecto a las cantidades recogidas en los Presupuestos de 2013 para esta infraestructura, “cuál fue el importe de adjudicación, la empresa adjudicataria; el importe y fecha de los modificados, complementarios y otros si los hubiera”, así como “el importe, desglosado por años, de las expropiaciones abonadas hasta el momento diferenciando entre principal e intereses y el importe previsto de las expropiaciones pendientes”.
El Gobierno todavía no ha contestado a estas cuestiones. En agosto pasado, el Ejecutivo respondió a otra pregunta formulada cuatro meses antes por el diputado de IU Gaspar Llamazares sobre las “responsabilidades políticas por los riesgos geotécnicos del emplazamiento” conquense.
Según dijo entonces el Ejecutivo, “ni en los estudios preliminares, ni en los estudios detallados realizados hasta el presente, se ha identificado anomalía alguna que ponga en cuestión o exija grandes actuaciones, dentro de los desarrollos normales de la ingeniería de cualquier proyecto”.
El Gobierno añadió que “carece de fundamento alguno pedir ningún tipo de responsabilidad política” por la elección de este municipio (el peor desde el punto de vista geológico), ya que Villar de Cuencas figuraba entre las localidades propuestas en 2010 por una Comisión Interministerial establecida al efecto.
