Noruega, considerado modelo en muchos aspectos por el bienestar del que disfrutan sus ciudadanos, tiene al menos un punto en común con un territorio tan alejado (en lo geográfico y en lo socioeconómico) de ese país nórdico como Andalucía: la pujanza del contrabando de tabaco. La comunidad andaluza es la región española donde más ha crecido esta práctica en los últimos años, al pasar su incidencia en el mercado del 4,4% de 2009 al 39,7% de 2013.
Un porcentaje reflejo de la crisis, el desempleo y las subidas de precios de este producto (sin olvidar la cercanía de Gibraltar, un coladero de producto ilícito), que convierte a Andalucía en líder en contrabando con respecto a la media nacional (que ronda el 11%) y en comparación con el resto de países de la UE, donde la media se sitúa alrededor del 15%, según datos de 2012.
Así, sólo Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, tiene una tasa superior a la andaluza, del 45,5% en 2012 (último dato disponible), que se explica por el elevadísimo precio del tabaco en este país, un 180% superior a la media europea (allí un paquete de Marlboro cuesta unos 11 euros).
Los porcentajes son estimaciones realizadas en función de la incidencia del consumo de tabaco no doméstico en cada país obtenidas en encuestas (en el caso de España, de Ipsos) sobre cajetillas vacías (la de Ipsos toma una muestra de 15.000 envoltorios) que no han pagado sus impuestos, la mayoría por ser de introducción ilegal (aunque una parte puede tener origen legal, por haber sido adquiridas, por ejemplo, por turistas en otros territorios).
Los datos convierten a Andalucía en un caso especialmente preocupante para un sector del que dependen 56.000 empleos en España y que ha llevado a la Mesa del Tabaco (agrupación que reúne a todos los agentes de este negocio en España) a poner en marcha una campaña de concienciación ciudadana para intentar sensibilizar a la opinión pública andaluza sobre las consecuencias del contrabando.
Una práctica que en 2013 siguió en aumento (Aduanas aprehendió el año pasado 10,3 millones de cajetillas de tabaco, un 18% más), que está protegida por un cierto halo de permisividad social y que es muy rentable para quienes la practican (se calcula que un container de tabaco introducido ilegalmente en la península supone un beneficio de 1,5 millones de euros), mientras los ingresos fiscales se resienten.
Así, se estima que el contrabando ha supuesto una merma de 800 millones de euros en los últimos tres años en concepto de impuestos especiales sobre los cigarrillos que las autoridades andaluzas han dejado de recaudar en ese periodo.
El año pasado, Andalucía recaudó por esta partida casi 957 millones de euros, un 13,4% menos, de los que a la Hacienda Pública Andaluza le corresponden unos 555 millones (el 58% del total). Sin el impacto del contrabando, esta recaudación habría ascendido a más de 775 millones, casi un 40% más.
