De momento, no. El Ministerio de Hacienda vuelve a imponerse al de Industria en la disputa por quién tapa (y paga) el agujero del déficit eléctrico. En principio, Hacienda ni siquiera aportará los 1.800 millones de euros del sobrecoste de los sistemas extrapeninsulares que, por ley, le tocaba cubrir a través de los Presupuestos Generales del Estado, según comunicó ayer el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a los directivos de las grandes eléctricas, convocados en la sede del Ministerio de Industria para informarles de las líneas maestras de la reforma energética que hoy prevé aprobar, al menos en parte, el Consejo de Ministros.
El paquete de medidas incluye, según las fuentes consultadas, un proyecto de ley de reforma de la Ley del sector eléctrico de 1997 que podría llevar aparejado un cambio de la naturaleza jurídica de las presas hidráulicas, que pasarían a ser consideradas instalaciones de almacenamiento y no de generación, como hasta ahora. También se contemplan nuevas medidas fiscales para gravar centrales ya amortizadas, apuntan esas fuentes.
La negativa de Cristóbal Montoro a asumir una partida, la de los costes extrapeninsulares, que José Manuel Soria daba por cargada en los PGE supone un nuevo revés para el ministro canario es un disputa con el titular de Hacienda. Hace un año Soria ya tuvo que envainarse su propuesta inicial de gravar de forma diferente a cada tecnología en lo que ya se conoce como impuestazo eléctrico, vigente desde enero.
Ahora, Montoro ha vuelto a doblarle la mano y su rechazo a que los Presupuestos carguen con la factura del agujero eléctrico, con el consiguiente aumento de la deuda pública (y un eventual recorte presupuestario), propició este jueves una suspensión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos inédita desde que gobierna Mariano Rajoy.
Al no de Montoro se suman las reticencias que ha encontrado Soria al paquete de medidas propuestas por parte de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta también habría cuestionado la legalidad de algunas de las iniciativas de la enésima reforma energética de Soria en su intento por encauzar definitivamente el gigantesco problema del déficit eléctrico.
El paquete de medidas también incluirá, previsiblemente, un Real Decreto-Ley con las medidas más urgentes para intentar reducir a cero la generación de nuevo déficit de tarifa, con la intención de que el Congreso lo convalide antes de agosto. Y no se descarta que, ya en septiembre, coincidiendo con la negociación de los Presupuestos del próximo año, se busque un mecanismo alternativo para los costes extrapeninsulares que no compute como deuda pública, la gran obsesión de Montoro ante las exigencias de la troika.
La solución planteada este jueves por Industria a las eléctricas implicará subidas adicionales de la parte regulada del recibo (los peajes), donde se genera el déficit, lo que se traducirá en nuevas subidas del recibo para los consumidores finales, que, ya lo dijo el antecesor de Nadal, Fernando Marti, al final son siempre los que acaban pagando en estos casos.
Las fuentes consultadas creen que la solución planteada por el Gobierno tras meses de absoluta opacidad, que hoy debería por fin hacerse pública, equivale a “la perpetuación del déficit de tarifa”.
La enésima patada hacia adelante para un problema que ya roza los 30.000 millones de euros, un 3% del PIB. Casi un problema presupuestario (esa deuda tiene el aval del Estado en caso de impago) "y un riesgo macroeconómico no despreciable", como ha subrayado esta semana la troika en su evaluación sobre la salud de la banca española, muy pillada en el sector de las renovables, para el que se da por hecho un recorte de las primas a cambio de un alargamiento de los plazos de cobro de esos incentivos.
La reforma energética consistirá, apuntan desde una de las grandes eléctricas, un recorte a la actividad de distribución que desde una eléctrica cifran en el entorno del 20%, unos 1.000 millones de euros, que dejará su rentabilidad, aseguran, por debajo de la que recibirán los promotores de energías renovables y reducirá "a cero" las nuevas inversiones en esta actividad, aseguran desde una eléctrica, en la que dan por hecho un deterioro de la calidad del suministro. Ese recorte, de confirmarse, sería superior al que se había barajado hasta ahora.
Con Soria en Bruselas para tratar de negociar una salida al embrollo del tax lease de los astilleros, Nadal recibió primero a directivos de las cinco grandes eléctricas y después a los del bando contrario, las energías renovables, con la particularidad de que a la primera reunión también asistió el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes.
La sensación en el bando de las utilities es que la reforma será peor de lo esperado para las eléctricas tradicionales, que no obstante van a ver satisfecha una de sus peticiones, la de la hibernación de un número importante de centrales de ciclo combinado (que queman gas natural para producir electricidad) que actualmente están infrautilizadas por la baja demanda y la penetración de las energías renovables. La incógnita (otra más) radica en saber si a las eléctricas se les reconocerá el lucro cesante por esas inversiones que no han podido amortizar.
