Desarrollos Urbanísticos Chamartín (DUCH), la promotora encargada de la megalítica ‘operación Chamartín’, cuenta con un nuevo contratiempo para llevar a cabo el proyecto que pretende desarrollar la llamada prolongación del madrileño Paseo de la Castellana. La sociedad, participada por el BBVA y Grupo San José, deberá hacer frente al pago de 14 millones de euros correspondientes a impuestos relacionados con la transmisión de terrenos de Renfe que no fueron liquidados correctamente en su día.
Esta situación, que ha obligado a DUCH a recurrir a un aval de 16 millones proporcionado por el propio BBVA, y a realizar una ampliación de capital poco antes del verano, se une a la provocada por la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que impide la construcción de edificios de más de tres alturas en los terrenos de la operación, lo que frustra los planes del proyecto, que contempla levantar unos 20 rascacielos.
El origen del palo fiscal a DUCH se sitúa nada menos que en 1998, cuando la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid levantó un acta por la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales derivados del acuerdo firmado entre Renfe y DUCH para que la promotora pudiera desarrollar urbanísticamente los terrenos que pertenecían al operador ferroviario público.
Por entonces, DUCH firmó el acta en disconformidad pero el fallo de la sentencia no le fue favorable por lo que decidió recurrir en casación. Hace algo menos de tres años, la promotora fue informada de que el Tribunal Supremo había dictado sentencia en su contra por lo que le obligaba a pagar los impuestos más los correspondientes intereses de demora de doce años, lo que disparó la cantidad hasta los referidos 14 millones.
Garantías para aplazar el pago
En los últimos meses, la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid ha procedido a la liquidación del impuesto, lo que ha coincidido con una etapa de incertidumbre en torno a la ‘operación Chamartín’ a la que aún le quedan diversos trámites pese a que todo parecía resuelto con la aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior por parte del Ayuntamiento de Madrid, en 2011.
De esta forma, DUCH negoció con el fisco madrileño tanto un pago aplazado de la liquidación como la posibilidad de no hacer frente a los intereses de demora. La Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid ha exigido por su parte una contrapartida en forma de garantías.
Para ello, la promotora ha tenido que echar mano de BBVA, uno de sus accionistas, que le ha proporcionado un aval por valor de 16 millones de euros, que ha desbloqueado la situación. De momento, DUCH ha pagado algo más de un millón de euros y el resto lo irá satisfaciendo durante los próximos tres años.
Sin embargo, no ha sido éste el único contratiempo económico padecido por la encargada de llevar a cabo la operación Chamartín. Además, DUCH ha tenido que hacer frente al pago de algo más de seis millones de euros como compensación por haber rechazado la compra de terrenos ofrecidos por Renfe y Adif, tal y como se contempla en el acuerdo que firmaron las tres sociedades para llevar a cabo el traspaso del suelo.
Atasco de 20 años
Así, el pasado año las empresas públicas presentaron oficialmente su intención de vender parcelas de terreno por un valor conjunto aproximado de 230 millones de euros. DUCH se acogió a su derecho de no ejecutar la compra contemplada en el mencionado acuerdo. Pero el texto también recogía que si la promotora optaba por aplazar la compra debería pagar una compensación, que en este caso se eleva a 6,3 millones de euros.
En teoría, a partir del próximo 1 de enero DUCH ya no podría aplazar la compra de los terrenos. Sin embargo, éstos aún están ocupados por Renfe y Adif, lo que prosigue retrasando la entrada en juego de dinero en la operación.
Todas estas circunstancias llevaron a DUCH a tener que llevar a cabo una ampliación de capital por valor de 11 millones de euros, que se realizó poco antes del verano. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó por complicar las cosas y la liquidación de los impuestos ha golpeado la línea de flotación económica de un proyecto que no termina de desatascarse por más que hayan transcurrido más de 20 años desde su inicio.
