Es la gran pregunta qué circula en los últimos días desde que, el pasado viernes, el Gobierno anunció la puesta en marcha de la nueva certificación energética de edificios (CEE) que será obligatoria poner a disposición de los compradores o arrendadores de viviendas (en el caso de los alquileres, para estancias superiores a los cuatro meses) a partir del próximo 1 de junio: ¿cuánto costará este distintivo? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que ha elaborado el Real Decreto que regula la nueva etiqueta (una imposición de Bruselas) junto con el Ministerio de Fomento, no ha facilitado ninguna estimación sobre su coste, que correrá a cargo de los propietarios.
Pero, evidentemente, en el Ejecutivo han hecho sus cuentas: fuentes de la Administración señalan que la estimación para cada unidad de vivienda en los bloques de viviendas será de cerca de 90 euros por piso.
En el caso de las viviendas unifamiliares (el típico chalé adosado), el coste será mayor, como consecuencia de las características de estos inmuebles: unos 250 euros. El coste para las Administraciones Públicas se estima en unos 2,6 euros por metro cuadrado y año para los próximos cinco años.
Las cifras son orientativas, porque, como es lógico, será el propio mercado el que determine las tarifas una vez se vaya desarrollando. De momento, ya han aparecido estimaciones, mientras el Gobierno se decidía a sacar adelante la norma, que llevaba ultimándose meses, según había transmitido al sector.
Aunque organizaciones profesionales como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España se han cuidado de formular pronósticos de cuánto costará la etiqueta (podría suponer una recomendación de precios y propiciar la apertura de un expediente por parte de las autoridades de Competencia) otros sí se han atrevido.
Así, la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece), que dice tener entre sus objetivos “satisfacer la demanda de empresas y profesionales de la construcción y edificación en materia de calidad”, ha señalado que, “en el arranque”, conseguir la nueva etiqueta costará entre 250 y 400 euros por vivienda, según dijo su presidente, Adrián Sánchez, en una entrevista radiofónica en febrero pasado.
El Real Decreto, que este martes todavía no se había publicado en el BOE, establece que el futuro certificado, “además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios y, en el caso de los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía”, según la referencia del último Consejo de Ministros.
Asimismo, “y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética”.
La norma llega diez años tarde y ha desaprovechado el boom inmobiliario, que podría haber propiciado un descenso enorme del consumo energético
Hasta ahora, la certificación energética ya era obligatoria para los nuevos edificios y los edificios existentes que sufrieran modificaciones, reformas o rehabilitaciones y que tuvieran una superficie útil superior a 1.000m2, conforme al vigente Real Decreto 47/2007. El nuevo Real Decreto refunde y deroga esa norma y extiende la certificación al resto de los edificios ya existentes, cuando se vendan o se alquilen.
La certificación incluirá información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia; todo ello, con el fin de que los propietarios o arrendatarios puedan comparar y evaluar su eficiencia energética y estimar los costes futuros de los suministros energéticos.
Expertos del sector creen que la adaptación a la normativa europea (la etiqueta es una obligación de las directivas europeas, que España venía incumpliendo) llega muy tarde, con más de una década de retraso. Y critican que no se llevara a cabo durante los años previos al boom inmobiliario.
Entonces, podría haberse implantado sin ningún tipo de problema técnico ni de costes y habría proporcionado un inmenso ahorro energético de haberse aplicado al parque de viviendas que proliferó en los años de la burbuja. “Ahora, por no hacer las cosas a su debido tiempo, hay que revisar no sólo los edificios antiguos, sino también todos los que se han construido en los últimos diez años, que son muchísimos”, resume un experto del sector. Una lástima.
