El dato no deja lugar a dudas: no hay otro país en el mundo que sume hoy más condenas por impagos a inversores internacionales. Ese Estado es España, que cierra 2024 con 25 sentencias firmes emitidas por los tribunales de arbitraje. El dato afianza a nuestro país en la primera posición del ránking mundial de morosidad. El segundo 'clasificado' es Venezuela, con 20 laudos impagados, seguido de Rusia, que suma 10.
El ránking tiene como fuente el Índice de Cumplimiento de Laudos Arbitrales. Lo elabora anualmente la consultora NL Investment Consulting, dirigido por el profesor holandés Nikos Lavranos, uno de los mayores expertos europeos en arbitrajes internacionales. El ascenso de España como moroso está directamente relacionado con la batalla que mantienen, desde hace años, los inversores afectados por el recorte de la retribución de las energías renovables. Esa polémica medida fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, dando pie a una larga cadena de denuncias.
En la actualidad, hay 25 empresas afectadas por los impagos, cinco más que al inicio del año. Esa cifra irá en aumento en 2025, ya que se espera, próximamente, la resolución de otras disputas. Los procesos más avanzados tienen que ver con los laudos emitidos a favor de dos multinacionales japonesas Itochu y Mitsui.
La deuda total del Estado español con los inversores supera los 1.800 millones. Una quinta parte corresponde a los sobrecostes financieros y legales (más de 340 millones), que van engordando según avanza el tiempo y el Gobierno no da soluciones.
Las 25 condenas de España la sitúan muy por delante en el ránking de otros países deudores. Tras Venezuela y Rusia se sitúan México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador completan las diez primeras posiciones. Otros países con algún pago pendiente son Kirguistán, Kazajistán, República Checa o India.
En volumen de deuda pendiente, eso sí, se lleva la palma Rusia, con 60.700 millones de dólares. Venezuela ocupa la segunda posición, con 17.100 millones; y España, la tercera, con los 1.800 millones mencionados.
Según explica Nikos Lavranos, países como Perú, Ecuador o Argentina han empezado en 2024 a negociar con sus acreedores para solventar sus laudos. También ha habido avances en Europa, principalmente, en Italia y Polonia, pero el asunto está estancado en España.
El Estado se aferra a que la UE ha abandonado el Tratado de la Carta de la Energía, que constituye la principal base jurídica de los denunciantes para pelear ante CIADI (la corte de arbitraje del Banco Mundial). Los inversores que sufrieron el 'hachazo' en el negocio renovable, sin embargo, alegan que esa Carta estaba vigente cuando el Gobierno de Rajoy concedió las primas para invertir.
Embargos de bienes españoles
El principal argumento jurídico del Gobierno no está impidiendo que la batalla avance con más celeridad fuera de la UE. En Reino Unido, ya han sido embargados algunos activos españoles. En 2023 se incautó la indemnización reconocida a España por la catástrofe del Prestige. Este activo financiero está valorado en más de 925 millones de euros.
Además, hay órdenes provisionales de embargo sobre tres inmuebles: las sedes en Londres del Instituto Cervantes y de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña; y el edificio histórico que alberga la Escuela Internacional Vicente Cañada. También han sido 'congeladas' El último movimiento de la Justicia británica fue la congelación de cuatro cuentas bancarias controladas por distintos organismos públicos españoles, cuyo saldo ronda el millón de euros.
Los otros frentes donde avanza la pugna arbital son Estados Unidos y Australia. En el país norteamericano, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó recientemente la solicitud de España para revisar tres laudos emitidos por el CIADI. Esta decisión eleva el riesgo de que el Estado español sufra el primer embargo en suelo americano.
En Australia, el Tribunal Supremo calificó hace semanas a España como "deudor recalcitrante". La Justicia lleva meses estudiando la posibilidad de ejecutar embargos por valor de 120 millones de euros. En el punto de mira ya están los activos de la filial de Navantia en el país oceánico.
