"La transparencia de las grandes empresas públicas españolas deja mucho que desear", según denuncia Transparencia Internacional. Autora del reconocido índice de percepción de la corrupción, la organización internacional ha elaborado por primera vez un informe sobre la transparencia en las empresas públicas españolas. Según la pesquisa, 25 de las 45 mayores sociedades estatales 'suspende' el examen de la transparencia.
Autoridades portuarias como la de Cartagena o Baleares, la Sociedad estatal de infraestructuras del transporte terrestre y la de gestión inmobiliaria del patrimonio, la Agencia EFE, RTVE, ENRESA, ACUAMED o la Fábrica de la Moneda son algunas de las 25 empresas que, según TI, obtienen menos de 50 puntos sobre 100 en un índice que analiza la información que ponen a disposición del ciudadano sobre el servicio que ofrecen, sus autoridades y su actividad, la situación económica-financiera de la empresa y sus contrataciones, y sus acciones en materia de lucha contra la corrupción. Entre todas las suspensas suman un patrimonio neto (valor de las empresas una vez descontadas las deudas) que supera los 22.000 millones de euros y más de 24.000 empleados, según los datos del ejercicio 2016.
Ninguna empresa llega en cualquier caso al '8' global y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial aparece como la firma con mejor valoración (74,2), seguida de Adif (73,3) e Ingeniería y Economía del Transporte (72,5). La nota global es de un 45,3.
Por áreas
Por áreas, en información sobre la empresa destacan la Autoridad Portuaria de Valencia (88,1), el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (81), Adif (78,6), AENA Aeropuertos (78,6) y el Instituto de Crédito Oficial (78,6), mientras que Grupo Acuaes (21,4), la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (23,8), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (23,8), la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (23,8) y la de Baleares (23,8), son las que más penalizan.
En cuanto a la información sobre el servicio sobresalen Ingeniería y Economía del Transporte (93,8), AENA (87,5), Correos (87,5), y Enaire (87,5). La Entidad Pública Empresarial de suelo es, con diferencia, la que menos nota saca (12,5).
Respecto a la transparencia económico-financiera, la mejor parada es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (79,2), seguida de la Autoridad Portuaria de Valencia, Ingeniería y Economía del Transporte y Renfe (todas ellas con 75). La sociedad de salvamento y seguridad marítima y las autoridades portuarias de Cartagena, Tarragona y Baleares obtienen la peor calificación (8,3).
En cuanto a las contrataciones y convenios, ADIF sobresale con la mejor nota (83,3), seguida de la Compañía Española de Tabaco en Rama, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España y la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (todas ellas con un 77,8). La Autoridad Portuaria de Cartagena obtiene 0 puntos y le siguen por la cola Paradores de Turismo de España, la Fábrica Nacional de Moneda, la Entidad Pública Empresarial de Suelo, el Consorcio Valencia 2007 y la Autoridad Portuaria de Baleares (todas coinciden en una puntuación de 22,2).
Once empresas, entre las que aparecen RTVE, Tragsa, Entidad Pública Empresarial del Suelo y la mayoría de las autoridades portuarias, sacan un '0' en información vinculada a la prevención de la corrupción, y solo una, Ingeniería y Economía del Transporte, cumple plenamente en términos de derecho de acceso a la información de los usuarios.
La situación del CTBG
El informe de TI llega en un momento en el que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que se encarga de velar por la transparencia pública y gestionar solicitudes de información a las empresas y la Administración, carece de un presidente - su antigua presidenta falleció en noviembre - y funciona con "la mitad del personal necesario".
Según su subidirector general, Javier Amorós, el Consejo cuenta ahora con 17 personas encargadas de auditar la transparencia de 20.000 organismos de la Adminstración Pública y otras 80.000 empresas vinculadas a lo público a través de subvenciones o ayudas.
El propio Amorós ha explicado a este periódico que se ciñen a intentar auditar los 20.000 organismos de la Administración Pública y explican que para poder auditar todo el universo de entidades exigido por la Ley de Transparencia precisarían como mínimo duplicar la plantilla.
Las acciones del Consejo de Transparencia, en cualquier caso, le han abocado a una media de 25 pleitos judiciales al año desde su creación en 2014 toda vez que empresas como RTVE han recurrido prácticamente todas las peticiones.
