La última palabra sobre el futuro de la central nuclear de Santa María de Garoña la tiene Nuclenor, la sociedad participada al 50% por Endesa e Iberdrola poseedora de la licencia para explotar la instalación. Una circunstancia que complica de forma extraordinaria una reapertura de la central más antigua de España, a menos que las compañías estén dispuestas a asumir cuantiosas pérdidas o un infinito riesgo. El desafío es amortizar hasta 2031 unas inversiones para adecuar Garoña a las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) superiores a los 400 millones de euros.
Los esfuerzos inversores relacionados con el informe del CSN no son los únicos que deben ponerse encima de la mesa. Hay que tener en cuenta los que hizo Nuclenor durante los ejercicios anteriores, cuando inició los trámites para prorrogar la vida de Garoña hasta los 60 años. Desde finales de 2012 la central está parada pero se han seguido atendiendo los elevados costes de mantenimiento para mantener viva la instalación (cuyo desmantelamiento no se ha planteado en ningún instante, al menos formalmente).
Estas inversiones se cifran por encima de los 220 millones de euros. De hecho, el director de Seguridad del CSN, Antonio Munuera, aseguraba este miércoles ante la prensa que los trabajos para formalizar algunos de los requerimientos que el organismo supervisor ha incluido en su informe sobre Garoña (10 condiciones y 15 instrucciones técnicas complementarias) están ya muy avanzados.
Sin embargo, otras actuaciones restan aun por llevar a cabo. Las normativas de seguridad procedentes de Bruselas se han reforzado en los últimos años de forma notable a raíz del accidente de la central nuclear de Fukushima. Nuclenor debe evaluar el contenido del informe con las exigencias del CSN cuando le sea remitido, ya que asegura que aún no está en su poder, y hacer cálculos de las inversiones que le restan.
Inversiones adicionales
No obstante, los cálculos realizados por expertos arrojan cifras que van desde los 150 a los 180 millones de euros para que la central esté lista con el objetivo de pasar los exámenes de los técnicos del CSN y poder proceder a la carga de combustible. El propio director de Seguridad del organismo supervisor habló de que llevar a cabo y concluir las obras necesarias llevaría, al menos, un año de plazo. Por su parte, Cristina Narbona, la consejera del CSN que emitió un voto particular en el informe, ha señalado este jueves que las modificaciones a realizar en Garoña son de "extraordinaria importancia".
"Prácticamente, es construir una central nueva", señala a Vozpópuli un experto del sector nuclear. "Lo que sucede en este caso es que el tiempo para amortizar las inversiones es mucho menor".
Ahí radica el problema. Desde finales de 2012, Garoña no está en funcionamiento y sólo genera gastos. Aunque el proceso de su reapertura vaya lo más rápidamente posible, su actividad hasta 2031 se reducirá a apenas 12 años. Hacerla rentable se antoja una quimera de dimensiones desconocidas.
La opción de un plazo mayor
"Otra cuestión se plantearía si, andando el tiempo, pudiera alargar aún más su vida, hasta los 80 años", apunta la fuente. Los consejeros del CSN aseguraron este miércoles que numerosas centrales en EEUU han solicitado ya prorrogar su actividad con este límite de tiempo. "La vida útil de una central del tipo de Garoña podría situarse hasta en 90 años".
Con más tiempo para amortizar la inversión, aún sería posible hacer rentable la apuesta por Garoña. Pero con el horizonte temporal de 2031 es inviable. Aunque esto no quiere decir que Nuclenor vaya a renunciar a volver a poner en marcha el reactor.
