Por tercer año consecutivo, la denominada subasta Cesur, que determina el término de energía (el que no fija el Gobierno) en la tarifa eléctrica doméstica (conocida como TUR) apunta un incremento para julio, lo que añade más presión sobre el ministro de Industria, José Manuel Soria, que ultima una reforma energética (podría aprobarse este viernes o el próximo) para eliminar el déficit de tarifa (insuficiencia de ingresos regulados del sistema eléctrico), coincidiendo con la revisión trimestral de tarifas.
Aunque la subasta se celebrará dentro de una semana, en el sector ya se hacen cábalas. Los futuros para el próximo trimestre (que pueden consultarse en la web de Omip, la bolsa de derivados eléctricos) apuntan a un encarecimiento del 7,9% en la energía de base, hasta 55 euros por megavatio (MW), y del 3,2% en el producto de punta, hasta 58 MW. Este último es el menos relevante, dado que en este periodo las puntas de consumo son menores que en invierno, dicen fuentes del sector, que pronostican un encarecimiento de en torno al 7% en la subasta del próximo martes.
El funcionamiento de estas pujas está en solfa desde distintos ámbitos. La Comisión Nacional de la Energía (CNE) las investiga desde septiembre pasado, de momento, sin resultados. Estos llegarán "más pronto que tarde", según el presidente del organismo, Alberto Lafuente, que un año después de ser nombrado, ha dado su primera entrevista al diario El País. En ella, Lafuente recuerda que la investigación se está llevando a cabo "con la colaboración de la CNMV", que ya remitió sus conclusiones al regulador energético hace meses. Estas no se han hecho públicas, pero parece que confirman las dudas del presidente del supervisor bursátil, Julio Segura, que hace un año advirtió de que "la evidencia acumulada demuestra que en los tres días precedentes a las subastas Cesur, el volumen de operaciones con derivados de electricidad OTC crece muy considerablemente –en torno al 90%- respecto al promedio de las restantes sesiones, produciéndose un significativo aumento de precios que vuelven a caer tras la realización de las subastas”.
De confirmarse el próximo martes ese incremento del 7%, implicaría una subida del recibo de alrededor del 3,5%. Es pronto para saber si el incremento se aplicará, porque para eliminar el déficit tarifario (Soria ha prometido dejarlo a cero a partir del próximo enero) habrá que aligerar los peajes. Entre los muchos globos sonda que ha lanzado el ministerio está el de reducir el umbral de potencia eléctrica contratada por debajo del cual los usuarios pueden acogerse a la tarifa regulada. Se baraja reducir de 10 kilovatios (kW) a 5 kW la potencia máxima para tener derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR), lo que afectaría a casi 9 millones de contratos, que pasarían al mercado liberalizado.
Industria, que ha asegurado que resolverá el déficit mediante "sacrificios" de empresas, consumidores y Administración, tiene un margen limitado para rebajar la parte regulada del recibo (los denominados peajes), tras las sentencias del Tribunal Supremo que han anulado triquiñuelas similares (bajadas de peajes para compensar el encarecimiento del término de energía). El ministro ya ha advertido de que el recibo (que en abril ya se encareció un 7%) volverá a subir "en algún momento". El viernes pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió una solución "rápida y efectiva" al problema del déficit, que ya supera los 24.000 millones de euros (más de un 2% del PIB).
Al ministro se le multiplican los frentes: a las presiones externas (FMI y Comisión Europea) se unen las de las empresas (eléctricas tradicionales, compañías de renovables y petroleras, que temen la aplicación de un céntimo verde para financiar las energías verdes), el sector minero (que ha rechazado con virulencia los recortes de ayudas) y un durísimo entorno presupuestario (Hacienda se ha negado a asumir costes como los de los sistemas extrapeninsulares).
La reforma que ultima Soria, en la que se atribuye un papel capital al jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Álvaro Nadal, "podría ser negativa para las compañías eléctricas", como advirtió la semana pasada Moody´s en la nota con la que bajó la calificación a Enagas, Red Eléctrica de España (REE) e Iberdrola, tras la rebaja de tres escalones de la deuda de España. Las empresas, que ayer, con España en el punto de mira de los mercados, sufrieron un serio correctivo en bolsa (la peor parte se la llevó Iberdrola, con una caída del 3,94%), no ocultan su preocupación por rebajas de rating que pueden venir (la peor nota la tiene Gas Natural, a la que Moody´s asigna un Baa2, al borde del bono basura).
