El presupuesto que manejan el Gobierno y la sociedad estatal Enresa para construir el basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca) ronda los 900 millones de euros, después de las últimas actualizaciones realizadas en 2014.
Este presupuesto, obviamente, no recoge aún los sobrecostes que supondrá construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) sobre los terrenos elegidos, que según todos los informes (Dirección Técnica de Seguridad Nuclear del CSN, geólogos, Área de Ciencias de la Tierra -CITI- y la consultora estadounidense URS) son "inadecuados", "desfavorables", inseguros y no garantizan las "condiciones óptimas" para su desarrollo y explotación.
Pese a todos estos informes desfavorables, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), bajo la presión del Ministerio de Industria y Energía, ha dado la autorización previa a la construcción del cementerio que habrá que guardar durante décadas los residuos de alta radiactividad de las centrales españolas.
Ni el Gobierno ni el CSN ni Enresa parecen dispuestos a cambiar el emplazamiento elegido en Villar de Cañas y prefieren asumir ese sobrecoste
Enresa no tiene previsto cambiar de emplazamiento, pero sí va a encargar unos informes, que podrían estar listos en abril de 2016, con sondeos de hasta 200 metros (hasta ahora sólo se ha llegado a 75 metros de profundidad) y una "caracterización geotécnica-dinámica para los estudios de interacción terreno-esctructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis hidrogeológico del ATC".
Y los técnicos y expertos comienzan a hacer ya las estimaciones del sobrecoste que acarreará anclar y cimentar el ATC en unos terrenos "con materiales yesíferos y arcillosos en contacto con el agua", según el informe del CITI, o con "presencia de materiales excepcionalmente expansivos y riesgos existentes de que se modifiquen las propiedades de permeabilidad de las formaciones geológicas constituidas por yesos masivos y representan amenazas muy importantes que impiden garantizar un correcto funcionamiento de las cimentaciones", según el estudio de URS.
Estas estimaciones, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, fijan en unos 200 millones de euros los costes adicionales para dotar a los terrenos defectuosos de la seguridad necesaria para una obra de gran envergadura y peligrosidad.
Son cálculos que recogen los nuevos costes de cimentación, anclajes a un subsuelo más profundo, las modificaciones necesarias para impermeabilizar los terrenos y canalizar las humedades y filtraciones de agua, entre otras exigencias. Todo ello si finalmente se mantiene el plan sobre esos terrenos, idea de la que, por ahora, no se apean ni el Gobierno, ni el CSN ni Enresa.
El presupuesto se fijó en 700 millones en 2007; se actualizó el año pasado a 900 millones; y ahora se disparará hasta los 1.100
La propia Cristina Narbona, consejera del CSN, en su voto particular contrario a dar la autorización previa a Enresa, alertó de la "mala calidad de los terrenos de la parcela escogida", algo que los hace "inadecuados tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el del previsible incremento del coste que implicaría la construcción del ATC en ese emplazamiento (en caso de llevarse finalmente a cabo).
El propio Ejecutivo ya avisó el año pasado de que puede haber "motivos que pueden originar un aumento en el coste previsto inicialmente", como el hecho de que "un proyecto de esta naturaleza para el cual no existe una referencia en el mundo que sea simultáneamente del mismo tipo y del mismo tamaño, puede lógicamente tener imprevistos no contemplados en el diseño original o derivados de requisitos adicionales de las autoridades reguladoras durante el proceso de licenciamiento de la instalación", según una respuesta parlamentaria.
El presupuesto del ATC se ha disparado de los 700 millones anunciados en 2007 a los 900 millones actuales, debido a "la actualización a euros de 2014" y a la construcción de nuevos edificios y sistemas de gestión, almacenes de contenedores, talleres de mantenimiento y otras nuevas instalaciones no previstas en el diseño inicial de 2003.
Y ahora, adicionalmente, todos estos nuevas instalaciones tendrán que ser ancladas y cimentadas a mayor profundidad y con mayores medidas de seguridad por las deficiencias de los terrenos, lo que hace pensar a los técnicos que el presupuestos se disparará hasta los 1.100 millones de euros.
