Lo dice muy claro el escrito presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo: “Las autoridades españolas han comunicado oficialmente a la Comisión Europea” que las primas que se vienen pagando a las energías renovables desde mediados de la década pasada pueden ser consideradas ayudas de Estado.
Ha sido el Ejecutivo español el que ha puesto en la pista a Bruselas, que de la mano del Comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, ha promovido una investigación al respecto en España y en otros países. La jugada comienza a dar sus frutos no sólo en clave interna, sino también a nivel internacional.
Primero, la Abogacía del Estado ha pedido que se paralicen en España todos los recursos presentados contra los hachazos renovables, no sólo los aplicados por el actual Gobierno en 2014, sino también sobre los que aprobó Zapatero y su ministro Miguel Sebastián desde 2010.
Pero además, la tesis defendida por el Ministerio de Industria de que una investigación en Bruselas sobre si las primas son ayudas de Estado obliga a paralizar los procesos abiertos en España se ha trasladado a las instituciones arbitrales internacionales.
Hay unos 15 procesos arbitrales abiertos en diferentes organismos tras las denuncias de fondos de inversión y poderosos grupos renovables contra España por el cambio de las reglas del juego, la sobrevenida inseguridad jurídica y el recorte a la retribución de las instalaciones de producción de energías verdes.
Ni el Tribunal Supremo ni las Cortes Arbitrales parecen predispuestas a suspender las denuncias y pleitos en marcha contra España por el hachazo renovable
Y el Gobierno español quiere paralizar estos procesos aduciendo la misma argumentación: hasta que la Comisión Europea no se pronuncie sobre si estas primas son ayudas de Estado o no, ninguna institución judicial o arbitral nacional o extranjera debería resolver las denuncias y contenciosos presentados.
Según señalan las fuentes conocedoras del proceso, el escrito presentado por la Abogacía del Estado ante el Supremo se hará llegar también a la Corte Internacional del Arbitraje del Banco Mundial (Ciadi), al Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo y al resto de instituciones de este tipo a las que han acudido en los últimos años fondos estadounidenses, alemanes, saudíes y de Abu Dabi, entre otros.
Hay unos 15 procesos internacionales en marcha y el Departamento que dirige José Manuel Soria quiere paralizarlos también gracias al guante lanzado por Cañete hace unos días.
De esta forma, el Gobierno español ganaría tiempo en la guerra que libra con todo el sector renovable en pleno año electoral, después de los duros reveses que está sufriendo ante el Supremo.
El Alto Tribunal ha pedido a Industria y el IDAE toda la documentación y los informes de las consultoras que sirvieron de base para diseñar la metodología que fijó los recortes a la retribución renovable.
Según ha podido trascender en las últimas semanas, Industria trató de manipular estos informes y contar con unos a la carta para justificar sus fuertes recortes, pero finalmente no llegó a utilizarlos.
El sector renovable considera que el ministro y su equipo pudieron incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y por ello ultiman la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Pero el ministro trata de ganar tiempo y desactivar todos los procesos en marcha (cientos de recursos contencioso-administrativos y arbitrajes internacionales). Si la Comisión apreciase mínimos indicios de que hubo ayudas de Estado, sería demoledor para el sector renovable, porque una investigación de este tipo podría demorarse años, quizá lustros. Hay ya muchos precedentes.
Sin embargo, fuentes del sector confían en que el Supremo no paralice los procesos y se limite a consultar al Tribunal de la UE si la investigación en marcha afectaría a las denuncias en marcha. Consideran, asimismo, que los Tribunales de Arbitraje tampoco accederán a suspender sus pleitos.
