La propuesta de Orden Ministerial para establecer la nueva retribución a las energías renovables, cuya aprobación oficializará el mayor recorte jamás aplicado a las primas verdes en España, no va acompañada de la preceptiva memoria económica que explique y justifique en términos cuantitativos la polémica iniciativa del Gobierno.
El Departamento que dirige José Manuel Soria envió a la CNMC la "Propuesta de Orden por la que se aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos" para que abriera el periodo de alegaciones de todas las partes afectadas.
El superregulador facilitó el texto a las empresas y patronales, pero en ningún apartado aparecían los parámetros y datos económicos utilizados por Industria y las consultoras Boston y Roland Berger para fijar el nuevo régimen retributivo.
Ahí comenzó el cruce de cartas. Las patronales Appa, Unef, Anpier y Protermosolar pidieron por escrito a la CNMC que exigiera a Industria el envío de tan valiosa documentación, para tratar de cotejar los parámetros básicos, que para las compañías renovables “parecen extraídos de la estratosfera. Parecen no corresponderse con la realidad, no sabemos qué instalaciones y costes tipo han utilizado para presentar estas conclusiones”, señalan a Vozpópuli fuentes del sector.
Los firmantes de las cartas han sido Appa, Unef, Anpier y Protermosolar, que se quejan de que las conclusiones de la propuesta de Industria no se corresponden con la realidad
La primera carta lo dejaba claro: “una vez examinados los documentos remitidos, hemos constatado que la memoria justificativa y económica que se acompaña junto a la Propuesta de Orden se encuentra incompleta toda vez que no contempla los datos económicos y los métodos de cálculo que Industria ha tenido en cuenta para calcular cada uno de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo que, a su vez, han servido de base para calcular las retribuciones de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial incorporadas en la Propuesta de Orden. Sin dicha información, nuestras posibilidades de defensa se ven mermadas, pues no nos es posible comparar los datos económicos utilizados por el Gobierno con la realidad de cada una de las instalaciones afectadas; ni valorar la adecuación o no de la inclusión de las instalaciones en una determinada categoría de instalación tipo; ni en última instancia, comprobar la veracidad de los métodos de cálculo utilizados por el Gobierno y la autenticidad de los resultados obtenidos”.
La CNMC ha contestado que toda la información está en manos del Consejo Consultivo de Electricidad y que no procede ampliar el periodo de alegaciones
Por ello, el grupo de patronales pidió “una copia de toda la información económica que el Gobierno ha tenido en cuenta para calcular los parámetros retributivos (…) para la defensa de nuestros intereses, debiendo suspenderse el plazo de presentación de alegaciones hasta la recepción de dicha información".
Y si esa información no llegaba, las patronales pidieron a la CNMC que la reclamara. Pero el superregulador ha contestado que el responsable de proveer esa información es Industria y que ellos ya han cursado el envío de toda esta documentación al Consejo Consultivo de Electricidad.
Por tanto, según la contestación por carta, "no procede la suspensión del plazo de alegaciones conferido", dado que el trámite de audiencia que marca la Ley se ha cumplido escrupulosamente.
Tras el 'no' de la CNMC, las patronales se han dirigido al propio Ministerio para que les dé esa memoria económica y aunque aún no han recibido contestación alguna, se temen lo peor
Así que las patronales no han tenido más remedio que enviar una nueva carta, pero en este caso al Ministerio de Industria, reclamando esa información que tanto ansían. Esa misiva se envió el 26 de febrero, pero las asociaciones empresariales temen que el Departamento se negará a facilitarles esa documentación.
Así las cosas, las compañías renovables critican la opacidad y falta de transparencia con la que se está desarrollando el proceso de consulta pública de una propuesta de Orden que de entrar en vigor provocará el cierre de muchas instalaciones renovables (especialmente fotovoltaicas) y el hundimiento de una tecnología de la que ya depende el sistema, la eólica, que este año alcanzará el 30% de media de toda la energía producida en España, frente al 21% de 2013.
Las patronales se quejan además de que la CNMC "se lave las manos y no cumpla su papel de regulador independiente, frente a lo que hacía la CNE (ahora integrada en el superregulador), que echaba para atrás todas aquellas decisiones de la Administración Pública que no fueran sustentadas en una memoria económica detallada".
