El caos de Barcelona ha puesto en un brete al sector empresarial. Desde la publicación de la sentencia del 'procés' por parte del Tribunal Supremo, las protestas en las calles de la Ciudad Condal, incluyendo un Zara en llamas en Lleida, han disparado las alarmas entre los empresarios, incluidos los extranjeros, que en algunos casos podrían llevar a España a un arbitraje internacional para reclamar una compensación si sus negocios resultan dañados.
“El Estado Español tiene la obligación de garantizar la plena protección y seguridad de las inversiones extranjeras protegidas por APPRIs [tratados de inversión] en los que España sea parte firmante”, explica a este diario el árbitro Bernardo M. Cremades Jr. “Ello incluye protección y seguridad frente a las protestas y revueltas violentas en Cataluña”.
En el caso de no hacerlo, Cremades advierte de que el Estado español podría ser responsable por los daños ocasionados a las mismas. “Es más, será responsable incluso por la falta de plena protección y seguridad causada por la Generalitat de Cataluña u otros organismos autonómicos, ya que en Derecho Internacional la regla dice que los actos de cualquier órgano o administración del Estado son atribuibles al Estado central”.
La cuenta, a cargo del Estado
Por tanto, si los inversores extranjeros en Cataluña están protegidos por los citados tratados y sufren daños en sus negocios, pueden llevar a España a un arbitraje. Este es un punto clave, ya que España tiene firmados estos tratados con más de sesenta países, pero no con todos. Por ejemplo, si durante las protestas unos manifestantes queman una tienda de H&M, el arbitraje no sería una opción. ¿El motivo? Suecia no tiene firmado un tratado bilateral de inversiones con España.
En cambio, si por ejemplo se atacase una tienda de Xiaomi, el conocido fabricante chino de móviles, España sí podría afrontar un arbitraje, ya que ambos países tienen firmado un tratado de inversiones desde 2005.
Tal y como explica Cremades, "el tribunal arbitral podrá fijar el monto de la compensación pagadera por España al inversor extranjero y las sentencias arbitrales serán definitivas y vinculantes para las partes en controversia", explica el abogado, que insta al Gobierno a tomarse en serio "el esquema de protección de inversiones extranjeras" de estos tratados. A este respecto, recuerda el fiasco de las renovables, donde España ya ha perdido más de una decena de casos y acumula una treintena de procedimientos arbitrales. "La inacción y pasividad del Gobierno podríamos acabarla pagando todos los españoles", advierte.
