La Federación Balear del Taxi, que dirige Gabriel Moragués, tiene adjudicadas por sentencia 700 licencias de VTC en Baleares, según confirmó el propio responsable de la organización a este periódico.
Moragués participó ayer en la protesta que se celebró en la capital de España en defensa de los taxistas que se sienten amenazados por la concesión de miles de licencias VTC que son utilizadas por Uber y Cabifly para prestar servicios en la ciudad.
El representante de la Federación Balear dijo que no es contradictorio manifestarse en contra de estas licencias y pedir 700 para el territorio donde operan. “Lo hacemos para defendernos y ahora estamos en mejores condiciones que en otros lugares”, añadió.
Una empresa llamada Ares Capital logró, también vía judicial, la adjudicación de doscientas licencias en Baleares. La Federación respondió y solicitó 700 para Mallorca y 300 para Ibiza.
Le fueron concedidas las 700 de Mallorca, pero no las de Ibiza debido a un error administrativo, ya que se pidieron en Mallorca cuando la solicitud debería haberse hecho en Ibiza.
Moragués señala que la federación solicitó estas licencias, a diferencia de otras asociaciones profesionales como respuesta a la situación que atraviesa el sector. Afirma que todo lo ha hecho de acuerdo con la asamblea y las pondrán en marcha siempre que los socios decidan seguir adelante.
Ares, la otra empresa, está en la fase de presentación de documentación y cuando conozcan que salen definitivamente al mercado, la Federación preparará su alternativa “desde los profesionales del taxi”.
Este periódico preguntó al líder de la Federación si no es contradictorio esa postura con participar en la manifestación de Madrid. Su respuesta fue rotunda: No. “Defendemos –comentó- el sector y nuestro trabajo, mientras que las empresas de fuera quieren trabajar donde los hacíamos. Nosotros reaccionamos montando lo que han querido hacer ellos”.
Moragués señaló que en principio no tienen intención de utilizar las licencias, pero si la competencia las pone en marcha la pondrán en funcionamiento, “siempre que los socios lo decidan”.
Otro caso en Madrid
En Madrid también hubo una asociación, la Federación del Taxi que solicitó 5.000 licencias. La Comunidad se las negó, pero recurrieron a los tribunales que no se las concedió por un problema relacionado con la constitución de la sociedad.
Por otra parte, el Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer instar a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias sobre transporte urbano e interurbano, a que exija a los VTC contar con una autorización de funcionamiento específica para la prestación del servicio de transporte público.
La proposición, presentada por el grupo municipal Socialista, contó con los votos a favor de todos los grupos políticos.
La concesión de esta nueva autorización correspondería a la Comunidad de Madrid o a los ayuntamientos, según se contemple en la nueva regulación. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid quiere que el ayuntamiento afectado informe previamente sobre la idoneidad de su concesión valorando la incidencia que tendrá sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medioambiente y sobre cualquier otro aspecto que se estime relevante.
El Pleno ha aprobado, asimismo, instar al Ministerio de Fomento a promover la inclusión, en una posible modificación del Reglamente de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de un nuevo texto que desarrolle las condiciones aplicables a los VTC en relación con el origen o destino de los servicios, tal como permite la excepcionalidad prevista para estos vehículos en dicha Ley.
