El grupo Ferrovial y la Comunidad de Madrid llevaban un tiempo negociando por la situación de la M-203, una de las concesiones de autopistas de peaje que el Gobierno autonómico otorgó en 2005 y que debería haber entrado en funcionamiento en 2008 pero cuyas obras se encuentran paralizadas desde hace algunos años. Sin embargo, las conversaciones no han llegado a buen puerto por lo que la opción de los tribunales cobra cada vez mayor fuerza.
Ferrovial quiso evitar a toda costa que la M-203, cuyo trazado transcurriría por el corredor del Henares para unir las localidades de Alcalá y Mejorada del Campo, en el norte de la provincia de Madrid, se convirtiera en otra concesión abocada a la quiebra debido a los elevados riesgos por los sobrecostes de las expropiaciones.
Pero además, la compañía controlada por la familia Del Pino alega que el Gobierno de la Comunidad de Madrid modificó sustancialmente el plan económico y financiero de la concesión cuando las obras ya estaban en marcha, lo que suponía un incremento adicional del 20% de la inversión, estimada en principio en cerca de 80 millones de euros. Ante estas circunstancias, la compañía y el Gobierno regional decidieron abrir un periodo de negociaciones pero el compás de espera está a punto de finalizar.
Así, la compañía decidió en el tramo final del pasado ejercicio presentar una solicitud definitiva de resolución de contrato por causa imputable a la Administración concedente, en este caso la Comunidad de Madrid, sin duda en referencia a las citadas modificaciones que, unidas a la bajada de las cifras de tráfico como consecuencia de la crisis y a los sobrecostes por expropiaciones hubieran hecho inviable la concesión.
El prisma de la Comunidad de Madrid
Sin embargo, la versión de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid difiere radicalmente de este planteamiento. El Gobierno regional sostiene que Ferrovial decidió paralizar las obras en 2007 y que la modificación del plan económico y financiero vino motivado porque la constructora no logró a tiempo los pertinentes permisos del Ministerio de Fomento con el fin de realizar los túneles necesarios para salvar el trazado del AVE, que atraviesa el trazado de la autopista.
De hecho, la Comunidad de Madrid también se plantea rsolver el contrato de la concesión alegando que Ferrovial dejó las obras paralizadas hace casi seis años, cuando se había ejecutado aproximadamente el 85% de los trabajos.
Sin embargo, según figura en el informe anual de Ferrovial, la Comunidad de Madrid no ha respondido aún a esa solicitud. Si este escenario persiste hasta finales de marzo, la empresa deberá entender por desestimada su petición por vía del silencio administrativo, con lo que tendrá que recurrir a presentar una demanda en los tribunales de lo contencioso-administrativo para tratar de quedar definitivamente desligado del contrato de la concesión.
El problema de las autopistas de peaje
Ferrovial ya se ha visto afectada por algunos concursos de acreedores presentados por concesionarias en las que participa. Sin ir más lejos, el último fue el de la AP-36 (Ocaña-La Roda), en el que la empresa presidida por Rafael del Pino estaba presente junto a Sacyr.
A este respecto, el Ministerio de Fomento está estudiando diversas fórmulas para tyratar de solventar los desequilibrios financieros que han afectado a las concesionarias y que han provocado que hasta seis de ellas hayan tenido que acogerse a la figura del concurso de acreedores.
En este sentido, la ministra, Ana Pastor, aseguró que su departamento estudia alargar el plazo de las concesiones como una de las opciones, al tiempo que descartó por el momento el empleo de la denominada euroviñeta, como sistema de pago por empleo de las autopistas.
