El presidente de Air Europa, Juan José Hildalgo, ha cerrado un pacto con la Abogacía del Estado, representante del Ministerio de Fomento en el caso del presunto fraude en las subvenciones cometido por la citada aerolínea, con el objetivo de eludir la cárcel en caso de que fuese condenado en un futuro por la Audiencia Nacional. Hildalgo está siendo investigado desde el año 2015 por el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia, que dirige el magistrado Eloy Velasco, por fraude en la venta de billetes para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
El empresario salmantino ha depositado en la cuenta del juzgado 29 millones en dos tandas. Además, según informan fuentes jurídicas a Vozpópuli, el dueño del Grupo Globalia (compuesto por Air Europa, Halcón Viajes, Viajes Ecuador y tubillete.com o Travelplan) ha presentado recientemente un escrito donde reconoce los hechos que le atribuye el Ministerio Fiscal en su querella, paso previo para tratar de alcanzar una sentencia de conformidad en este procedimiento.
Las mismas fuentes explican que el abogado del Estado ha visto con buenos ojos este paso, ya que Hidalgo ha consignado en la cuenta del juzgado los 22 millones en los que Fomento cifró el fraude en su informe pericial definitivo, que forma parte del sumario. Junto a los 21 millones que la compañía consignó en la Audiencia el pasado mes de diciembre, Air Europa pagó el pasado mes de julio otros ocho a la cuenta del juzgado atendiendo a lo previsto en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a incrementar la fianza en un tercio de lo presuntamente defraudado.
La Fiscalía aún no se ha pronunciado
De momento, la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza no ha iniciado los contactos con la defensa de Hidalgo que harían realmente posible que el empresario consiguiese alcanzar un juicio de conformidad ya que, aunque la Abogacía del Estado es el perjudicado directo del presunto fraude, para que Hidalgo se librase de la celebración de la vista oral sería necesario que el fiscal se sumase a ese pacto; algo que, de momento, no ha ocurrido pero que no descartan las distintas fuentes consultadas por este periódico.
La UDEF no ha sido capaz de averiguar qué empresa dentro del grupo Globalia diseñó este fraude ni tampoco quién dio la orden de que se ejecutara
Fuentes de la investigación explican que aunque las pesquisas están bastantes avanzadas, hasta ahora la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial (UDEF) no ha sido capaz de averiguar qué empresa dentro del grupo Globalia diseñó este fraude ni tampoco quién dio la orden de que se ejecutara.
En la actualidad, el empresario Juan José Hidalgo se encuentra imputado en la Audiencia Nacional por un delito de fraude en las subvenciones tipificado en el artículo 308 del Código Penal. Dicho artículo recoge que "el que obtenga subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas en una cantidad o por un valor superior a ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe salvo que lleve a cabo el reintegro a que se refiere el apartado 5 de este artículo".
El fraude podría ser mayor
La Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV), que denunciaron los hechos la Audiencia Nacional en 2014, estiman el fraude por lo menos desde el año 2007 lo cual elevaría la cuantía total defraudada a "más de 100 millones de euros". Aunque la denuncia de CEAV fue archivada, posteriormente la Fiscalía de la Audiencia interpuso una querella contra Hidalgo; procedimiento en el que se encuentra actualmente imputado. Además, según informan fuentes jurídicas, muchos de los delitos cometidos con anterioridad al año 2010 estarían prescritos.
"Fomento ha sido colaborador necesario para que este fraude se produzca y permitir que prescriba"
"Alguien tendría que hacerse responsable de la parte que ha prescrito, teniendo en cuenta que estamos hablando de un delito contra el Estado. Porque nosotros veníamos denunciando en Aviación Civil desde 2007. No es que haya prescrito porque nadie avisara. Tenemos documentación que prueba que desde 2007 Aviación Civil tenía constancia de que esta situación se estaba produciendo.
Hay una responsabilidad por parte del empresario que ha cometido este fraude pero también una responsabilidad por parte del Ministerio de Fomento, que aún sabiendo lo que había, han permitido que esto prescriba. También ha habido un perjuicio a los pequeños empresarios de este sector. Compañeros en Canarias y Baleares que han tenido que cerrar por no poder competir con estas condiciones. Fomento ha sido colaborador necesario para que este fraude se produzca", ha asegurado Rafael Gallego, presidente de CEAV, a este diario.
Vozpópuli ha contactado con Globalia para comentar este asunto y la compañía ha declinado hacer ninguna declaración.
