El próximo 17 de mayo se celebrará la esperada subasta de hasta 3.000 megavatios renovables, cuya redacción y publicación en el BOE no está exenta de polémica tras el recurso que la patronal fotovoltaica, UNEF, presentó el pasado jueves ante el Tribunal Supremo y que pretende suspender un punto de las reglas de la misma, que según ellos está hecho para favorecer a la tecnología eólica, donde tienen penetración las grandes empresas del sector. Moncloa necesita que esta subasta saga adelante para acercarse a los objetivos reclamados por la UE para 2020.
Enfrentado al Ministerio de Industria con José Manuel Soria y hoy con Álvaro Nadal, el grupo de presión de la fotovoltaica considera que la subasta se ha diseñado de forma discriminatoria para su tecnología, dando un "trato ventajoso" a la eólica en caso de que estuvieran empatadas a precio. Los fotovoltaicos entienden que, aunque ofrezca el mismo descuento que la eólica, quedarán por debajo en los parámetros con los que se adjudican los MW de potencia ya que Industria ha establecido una ventaja para la eólica: el número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo anual, que son 3.000 para el viento y 2.367 para el sol. Esto hará, según aseguran, que "la ordenación vaya siempre en beneficio de la eólica y en perjuicio de la fotovoltaica".
Por tanto, UNEF reclama la suspensión cautelar de este apartado para evitar desigualdades o de lo contrario se causaría "pérdida de inversiones en instalaciones de fotovoltaica, pues la cláusula discriminatoria para la valoración de los desempates desincentivará la iniciativa empresarial en este sector".
El Alto Tribunal debería responder durante esta semana, a tan sólo unos días del 17 de mayo, día previsto para la subasta, la primera de esta cuantía que se celebra en España.
Redoble por el autoconsumo
Las relaciones del sector que apoya el autoconsumo doméstico a través de paneles fotovoltaicos son poco fluidas con el Gobierno del PP, que arrancó su legislatura en 2012 anunciando un recorte para las primas renovables que en 2017 está empezando a ser castigado tras el arbitraje del Ciadi. Ese primer Gobierno de Mariano Rajoy necesitaba poner freno al aumento del déficit de tarifa, aunque algunos en el sector eléctrico renovable piensan que castigó a su tecnología como vía más sencilla.
Este jueves se presentará un acuerdo para reavivar de forma social y mediática la lucha por la generación distribuida de energía, que según los que están a favor "ayuda a bajar el precio de la luz" y también "permite reducir la dependencia de las grandes corporaciones eléctricas", las que han presionado a Gobierno y Ciudadanos para evitar el proyecto de ley. Mediante un nuevo acto en el que se sumarán agentes de la "sociedad civil" a las propias agrupaciones renovablles, se busca dar un impulso mediático al asunto del autoconsumo después de que Ciudadanos, con su apoyo al PP en la Mesa del Congreso, evitara el recorrido parlamentario de una propuesta de ley.
Se trata de una alianza pluridisciplinar donde se busca que todo tipo de organizaciones que puedan estar interesadas en fomentar el autoconsumo (desde sindicatos a organizaciones de consumidores, pasando por asociaciones vecinales) puedan unirse.
"El Gobierno da 1.400 millones al PNV pero no acepta el autoconsumo, que cuesta 30", dicen los renovables
Las dos corrientes que había hasta ahora en el sector del autoconsumo, una a favor de intentar cambiar el real decreto emitido por el Ejecutivo en 2015 y otra a favor de jugar con las reglas de juego que este promovía, han acabado siendo una sola, rendidos muchos ante la evidencia de que es imposible cambiar nada mientras se mantenga este equilibrio parlamentario. Sin embargo, y a pesar de que se reconoce que la vía parlamentaria está muerta sin el apoyo decisivo del partido de Ciudadanos, no se quiere abandonar la lucha. "El Gobierno da 1.400 millones al PNV para el País Vasco y rechaza una medida de autoconsumo que costaría 30 millones anuales. La verdad es que no le encontramos el sentido", asegura a este diario una fuente del sector.
El Gobierno no comparte estos cálculos. Para la Secretaría de Estado de Presupuestos, implementar el autoconsumo sin impuesto al sol supondría 162 millones menos de recaudación anual. Una nimiedad comparada con lo que ha costado el apoyo de los vascos a los Presupuestos Generales del Estado pero un aumento de gasto que ha servido de argumento al Ejecutivo para vetar la propuesta de ley en la que en principio, estaba solo en el Congreso.
Traición a última hora
El pacto por el autoconsumo, que reunió a todos los partidos del arco parlamentario excepto el PP junto a patronales defensoras de la energía fotovoltaica y que realizó una iniciativa parlamentaria en febrero, murió rápidamente por el cambio de parecer de uno de los firmantes, Ciudadanos, quien a la hora de la verdad decidió alinearse con el PP y no apoyar en la Mesa del Congreso que la proposición de ley se enviara al Constitucional tras el veto del Gobierno. Melisa Rodríguez, la diputada encargada de firmar el acuerdo donde Ciudadanos estaba con todo el arco parlamentario salvo los populares, mantenía su apoyo un día por la tarde y tuvo que desdecirse a la mañana siguiente.
Este periódico no ha podido contactar con Rodríguez, y Ciudadanos se remite al comunicado que lanzaron en su momento, asegurando que no estaban de acuerdo con el veto del Gobierno pero que tuvieron que apoyarlo porque de haberse producido el levantamiento, el Gobierno tendría la capacidad de llevar el asunto al Tribunal Constitucional; lo que implicaría de haberse levantado el veto, esto hubiera supuesto "que se bloquease la iniciativa de manera indefinida hasta que existiese una sentencia".
