Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Garoña a través de la sociedad Nuclenor, siguen adelante con su proyecto para reabrir la central nuclear burgalesa, pero a regañadientes.
La nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) y los 22 requisitos adicionales impuestos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el pleno del pasado 30 de julio son “muy exigentes”, lo que va a provocar unas mayores inversiones de las previstas, según critica Nuclenor.
La compañía ha esperado al penúltimo día de plazo para enviar al CSN toda la documentación complementaria exigida por el supervisor para proseguir con el proceso de evaluación de la prórroga de actividad. Fue el lunes por la tarde, un día antes del plazo, que finalizó este martes.
Nuclenor ha enviado al organismo que preside Fernando Marti la planificación de las actividades previstas para cumplir con los requisitos adicionales establecidos para obtener la renovación del permiso de funcionamiento de la planta y ha elaborado un plan de trabajo “detallado y completo”, según la comunicación realizada ayer por la empresa de Endesa e Iberdrola.
Las nuevas exigencias del CSN obligarán a Nuclenor a realizar inversiones adicionales en la planta para garantizar su seguridad y adaptación a los estándares post Fukushima
Pero la nota incluye una píldora que muestra el malestar de los accionistas de la planta con el CSN. Nuclenor considera que para que la reapertura de la central sea rentable, el nuevo plazo de operación debería ser de, al menos, 17 años. De ahí que el planteamiento es que la planta esté operativa hasta 2031, año en el que además, la central cumplirá los 60 años de vida.
Pero esos criterios de rentabilidad tendrán que ser revisados porque los “muy exigentes” requisitos requerirán inversiones adicionales no previstas. El CSN, en su instrucción de julio incluía un listado de tareas pendientes de realizar en la planta, que no se llevaron a cabo por la situación de parada en la que está desde diciembre de 2012.
Además, el supervisor nuclear incluye en su ITC las nuevas condiciones impuestas al resto de las central atómicas españolas tras el accidente de Fukushima (Japón), que tendrán que ser implementadas también en Garoña, así como otras actuaciones pendientes.Greenpeace critica que no se ha exigido "Evaluación de Impacto Ambiental de carácter transfronterizo" ni se ha previsto la construcción de una torre de refrigeración en la planta
De hecho, Greenpeace señala que a los requisitos exigidos por el CSN hay que añadir “la Evaluación de Impacto Ambiental de carácter transfronterizo y la construcción de una torre de refrigeración, tal y como exige la Confederación Hidrográfica del Ebro", medidas que según esta organización ecologista no se han tomado.
También Equo ha recordado que, “de acuerdo con la legislación vigente, en ningún caso la central puede reabrirse antes de tres años desde la entrega completa de la documentación, esto sería como muy pronto en octubre de 2017” y ha criticado que “es una irresponsabilidad política permitir la puesta en marcha de la central nuclear de Garoña; una central obsoleta, insegura y peligrosa”.
El proceso no tiene vuelta atrás: el Gobierno no puede permitirse que Garoña no reabra tras los cambios normativos ad hoc aprobados por Industria para facilitar el proceso
Sin embargo, el proceso no parece tener ya vuelta atrás, no sólo por el interés de las dos grandes eléctricas en volver a operar la planta, pese a todos los problemas (nuevos impuestos, multas…) y exigencias adicionales, sino porque su reapertura es ya más un proyecto político que empresarial.
El Ejecutivo de Rajoy lo ha defendido electoralmente y el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, se ha visto obligado a promover normativas ad hoc para que así fuera, de forma que si todos los requisitos de seguridad se cumplen, Garoña volverá a producir energía nuclear.
