Las condiciones impuestas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) para que la central de Santa María de Garoña vuelva a funcionar hacen prácticamente inviable la puesta en marcha del reactor. Paradójicamente, el dictamen del organismo supervisor supone, al mismo tiempo, la cara y la cruz para la instalación. La cara, porque abre la posibilidad de que el Gobierno atienda la petición de su operadora, Nuclenor (participada al 50% por Endesa e Iberdrola) para prolongar la vida útil de la planta hasta los 60 años. La cruz, porque amortizar las inversiones necesarias para cumplir con las condiciones del CSN y las ya realizadas en los años anteriores es prácticamente un imposible. Pero el plan nuclear del Gobierno marcha por buen camino, independientemente de que el futuro de Garoña esté más cerca del cierre definitivo que su nueva puesta en marcha.
Ni siquiera las dos empresas de las que depende finalmente la decisión de reabrir Garoña mantienen una posición alineada. Oficialmente, ambas guardan un prudente silencio, a la espera de ponerse a hacer números. Pero es un secreto a voces que mientras Endesa está por la labor de seguir adelante, Iberdrola no contempla otra opción que abandonar cuanto antes esta aventura. El futuro de Garoña pasa por varias alternativas, desde la venta de la participación de Iberdrola en Nuclenor hasta, incluso, una hipotética nacionalización de la central. En el fondo, es lo de menos. Desde hace tiempo, el Gobierno tiene descontado que para desplegar su estrategia nuclear, Garoña es el peón que muchos ajedrecistas prefieren sacrificar para ganar la partida.
El Ejecutivo confía de forma notable en la energía nuclear como la base de la transición energética hacia el objetivo de cumplir con lo acordado en París para una economía descarbonizada por completo en 2050. La apuesta por las renovables, impuesta desde Bruselas, marcha por buen camino, según se encargó de recordar en estos días Miguel Arias Cañete, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Las previsiones de la Comisión Europea apuntan que en España se producirá un 20,9% de energía con fuentes renovables en 2020, casi un punto por encima de lo exigido.
Todo esto está muy bien. Pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha encontrado con un serio problema nada más tomar la cartera. La subida de los precios de la electricidad en el mercado mayorista ha llegado a generar una alarma social que le llevó incluso a comparecer en el Congreso y varias veces ante los medios de comunicación.
Entre las causas que habían motivado la subida se encuentran las meteorológicas, la ausencia de lluvia y viento, que tan relacionadas están con las energías renovables. Su sustitución por fuentes más caras como el carbón y los ciclos combinados provocó una combinación endiablada del pool eléctrico y disparó los precios mayoristas.
Asegurar la transición con la nuclear
Nadal tiene claro que la energía nuclear tiene que cubrir el hueco que vayan dejando las energías contaminantes y que no puedan aún ser atendidos por las renovables. Pero para eso, debía asegurarse la pervivencia de las centrales. Garoña es el ejemplo más extremo, toda vez que ya superó hace tiempo los 40 años de vida. Pero el resto de instalaciones se aproximan hacia este límite. Y, sin duda, las condiciones impuestas a Garoña marcan el camino.
“La decisión del CSN supone una sentencia de muerte para Garoña, aun sin oponerse a su reapertura. Pero, al mismo tiempo, es la llave para la continuidad del resto”, asegura un experto en energía nuclear.
Un aspecto que el Gobierno se ha encargado de desmentir, por boca del secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguró que el ejemplo de Garoña no supone un precedente para el resto de centrales. Ningún caso es idéntico a otros. Pero es un precedente muy útil para hacer los correspondientes y necesarios números. Y para llegar con los deberes lo más hechos posible al momento oportuno.
Incluso, llegado el caso, las empresas, al menos Endesa, podría plantearse no ganar dinero con Garoña y asegurarse más de años de operación en el resto. La eléctrica posee un 36% en las dos centrales de Almaraz, que serán las próximas en llegar a los 40 años de operación comercial (en los años 2023 y 2024). También en 2024 alcanzará este hito Asco I, propiedad íntegramente por Endesa, y algo más tarde Ascó II (85% Endesa). Por su parte, Iberdrola es accionista mayoritaria en las dos centrales de Almaraz y posee al 100% la de Confrentes, que alcanzará los 40 años de operación en 2025.
Está por ver si Endesa e Iberdrola perderán dinero con Garoña. Pero hace tiempo que la central burgalesa, por cierto, la que menos aporta al sistema, forma parte del pasado. El futuro está en el resto, en las que empezaron a operar en plena democracia. Y la primera piedra de ese futuro está, precisamente, en la última del pasado.
