El Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) solicitó informes técnicos secretos a expertos externos, al margen de la Mesa de Contratación, que sirvieron de base para quitar a Acciona la adjudicación de la sociedad Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) y abrieron la puerta a que sea Agbar el beneficiario de la licencia.
El máximo responsable del organismo, Juan Antonio Gallo, dictó la resolución de exclusión del adjudicatario el primer día hábil de 2013 (2 de enero), justo después de que éste abonara el canon de 298,6 millones de euros, basando su decisión en las opiniones e informes de Joan Antoni Rosell, director general de la empresa pública infraestructures.cat (antigua Gisa), miembro de la Mesa de Contratación, y también de Albert Farreras, director de la división de obras hidráulicas de Infraestructures.cat y ajeno a esa Mesa.
Así se desprende de los correos electrónicos cruzados entre ellos tres, a los que ha tenido acceso Vozpópuli y que han sido aportados a la investigación abierta por la propia Mesa de Contratación, la que habrá de dirimir en las próximas semanas si anula finalmente el contrato con Acciona y convoca un nuevo concurso público o decide dar la licencia de explotación a Aguas de Barcelona (Agbar), compañía que compitió, sin éxito, en el proceso frente al grupo de los Entrecanales.
En esos emails compartidos a tres bandas, Gallo preguntaba a Rosell y Farreras “unas cuantas cuestiones para resolver el expediente de adjudicación a Acciona de ATLL”, que serán utilizadas a “efectos periciales y orientativos”. Estas pesquisas, que no fueron comunicadas oficialmente a la Mesa de Contratación, las puso en marcha el director del OARCC el 20 de diciembre, según consta en la información en poder de Vozpópuli, cuando aún estaba en vigor el contrato suscrito con Acciona, lo que permitió que la compañía abonase al erario de la Generalitat los 298,6 millones de euros del canon.
Las propuestas de Rosell y Farreras se hicieron al margen de la Mesa de Contratación, que después decidió quitar la adjudicación a Acciona
Unos días después, el 2 de enero de 2014, el propio Gallo firmaba la resolución que suspendía la adjudicación a Acciona, lo que según las alegaciones de la compañía madrileña, fue una “conducta maliciosa”.
Acciona cree que el OARCC recurrió al “auxilio clandestino” de algunos miembros de la Mesa de Contratación y a otros expertos externos “para que emitiesen opiniones técnicas al margen del resto de los miembros y que jamás fueron sometidas a audiencia y contradicción de los interesados en el expediente”, según se desprende del documento de alegaciones presentado por la compañía ante la Mesa.
Los dos directivos de Infraestructures.cat respondieron al email de Gallo en dos folios opinando sobre determinados aspectos de la oferta de Acciona (tarifas, calendario…) y señalando sus puntos más débiles. El OARCC, que el 30 de noviembre había suspendido cautelarmente la adjudicación, pero que paralizó el proceso para que Acciona abonara el canon, no dudó en resolver la anulación de tal adjudicación unos días después del cruce de emails.
Acciona considera que Gallo ha recurrido al "auxilio clandestino" para dictar una resolución que incurre en un "vicio de nulidad absoluta por incompetencia material"
Acciona ha informado a la Mesa de Contratación de que el hecho de que el resto de sus miembros no recibiese “nunca ni ese mail ni las respuestas, ni conocían su existencia, demuestra que la consulta se realizó al margen de los procedimientos oficiales relativos a la evaluación de las ofertas por parte del OARCC”.
Los dos folios en los que se condensa la opinión de Rosell y Farreras “contienen algunos de los argumentos en los que el OARCC basó su resolución para excluir a Acciona y que el consorcio ha venido demostrando en el proceso judicial que son erróneos, como que se había modificado el calendario de obras y que dicha modificación tenía un efecto directo en la tarifa”, señalan fuentes del entorno de Acciona.
Para esta compañía, “el OARCC retrasó deliberadamente la resolución, permitiendo que la Generalitat pudiera cubrir sus necesidades presupuestarias mediante la firma del contrato (y el correspondiente pago), y sólo cuando se hubo cumplido este objetivo, que hubiese resultado imposible de otro modo [fue la forma en la que la Generalitat pudo contabilizar estas cantidades antes del 31 de diciembre de 2012”.
Acciona reitera que “la resolución incurre en un vicio de nulidad absoluta por incompetencia material” y que “es imposible ejecutar una resolución [del OARCC] errática e incoherente”.
