La destitución de Dimas Gimeno como presidente de El Corte Inglés es una batalla perdida para el abogado madrileño, pero no el final de una guerra. Ni el sobrino de Isidoro Álvarez ni las hermanas Marta y Cristina Álvarez Guil parecen dispuestos a poner fin a las hostilidades; y el primero amenaza con iniciar acciones legales por lo civil y por lo penal, mientras que las segundas apoyarán su destitución como consejero en la Junta General de Accionistas de agosto, según han explicado fuentes de la compañía.
Dimas Gimeno tratará de reparar el daño que -considera- ha sufrido este jueves mediante una doble estrategia. Por un lado, amenaza con emprender una batalla por la vía penal ante las irregularidades que -sospecha- se han cometido en algunos departamentos de los grandes almacenes. "De confirmarse ciertas informaciones que han aparecido últimamente (...) se ha estado contratando de forma ingente e irregular a un conglomerado de empresas, la mayor parte de la seguridad que afecta al grupo (...) que de forma directa o indirecta están dirigidas y/o participadas por altos cargos directivos de El Corte Inglés", explican desde el entorno de Gimeno.
Y añaden: "Estas acciones podrían suponer administración desleal y delitos societarios y de corrupción en los negocios". De la comisión de estas faltas "responderían sus autores, cómplices, cooperadores y aquellas personas que no lo hubieren impedido, bien por omisión o bien por no haber realizado aquellas funciones que tenían encomendadas en el Consejo de Administración".
Con estas acusaciones, el entorno de Gimeno trata de hacer responsables a los vocales del órgano de gobierno del grupo por -en su opinión- no haber respondido a los "continuos requerimientos" de su presidente para investigar estos hechos, relacionados con la gestión del Área de Seguridad de la compañía, encabezada por el expolicía Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo.
A este respecto, hay que recordar que el propio Gimeno encargó hace unas semanas un informe a Ernst & Young (EY) para analizar lo que ha ocurrido durante los últimos años en este departamento. El trabajo de la consultora no ha concluido y, por lo tanto, no ha sido recibido por el Comité de Auditoría de El Corte Inglés, encabezado por Manuel Pizarro.
Las mismas fuentes reconocen que el malestar de Gimeno también alcanza al propio Pizarro, a quien acusa de no haber encargado una investigación externa sobre estos hechos y, por tanto, de tener una actitud pasiva para con este asunto.
Anulación de su cese
Por otro lado, Dimas Gimeno intentará que la justicia anule su cese como presidente al entender que el Consejo de Administración Extraordinario en el que se ha efectuado se convocó de forma irregular, tal y como detalló Vozpópuli. En concreto, el equipo de asesores legales de Gimeno apunta a que, según la Ley de Sociedades de Capital, la competencia de fijar las reuniones del Consejo de Administración le corresponde al presidente, sin perjuicio de que, con carácter subsidiario, puedan ser impulsadas por aquellos administradores que alcancen al menos un tercio de los miembros del Consejo.
Ahora bien, dicha competencia subsidiaria -según estos juristas- puede ejercerse por la inactividad de este órgano o “cuando el presidente sea poco diligente o poco proclive a los enfoques de las minorías dentro del mismo”. Esta situación -a su juicio- no se habría producido en El Corte Inglés, donde, cabe recordar, la última reunión del Consejo se celebró el pasado 30 de mayo.
Fuentes del Consejo de Administración de los grandes almacenes consideran que esta vía no va a prosperar, pero reconocen su inquietud con que un juez pudiera establecer una medida cautelar sobre el cese de Dimas Gimeno, lo que podría permitirle llegar como presidente a la Asamblea de Accionistas del próximo agosto.
