La séptima demanda contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial tiene nombre propio: la familia Gómez-Sainz, los multimillonarios mexicanos de ascendencia cántabra que en la década pasada, y casi siempre con jugosas plusvalías, mantuvieron importantes posiciones en empresas españolas como la constructora OHL (hasta el año 2006), la inmobiliaria Riofisa o el grupo textil Cortefiel (del que llegaron a tener un 10%).
La sociedad que ha presentado la nueva demanda contra el Reino de España para pedir una indemnización millonaria por los recortes a la retribución de las energías limpias es una firma luxemburguesa, Renergy SARL, vinculada a los Gómez-Sainz, que hasta hace poco eran accionistas de referencia de la papelera cántabra Sniace (hoy en concurso de acreedores), aunque su pista como socios significativos de esa empresa, otras de las víctimas propiciadas por la reforma energética de José Manuel Soria, se pierde en el año 2013.
El accionista único de Renergy, que fue constituida en noviembre de 2007 en ese territorio europeo de baja tributación y que a finales de 2012 realizó dos ampliaciones de capital por un importe global de 100 millones de euros, es Gerardo David Gómez-Sainz García, perteneciente a la tercera generación del clan que fundaron a principios del siglo pasado Tirso y Ceferino Gómez Sainz, dos emigrantes que abandonaron Villar de Soba, un pequeño pueblo cántabro, para hacer fortuna en México en los sectores aceitero e inmobiliario.
Sin haber cumplido todavía los 40 años (lo hará el próximo 15 de octubre), David Gómez-Sainz García es actualmente uno de los miembros más activos en los negocios de la familia mexicana. En su momento fue presidente de Hidafa (la inmobiliaria a través de la cual la familia canalizó sus inversiones en España) y actualmente está fuertemente vinculado al grupo español de energías renovables Ibereólica, del que es administrador solidario y principal accionista.
Esta empresa española cuenta, de acuerdo con su web, con 356 megavatios (MW) de potencia renovable instalada y más de 1.080 millones de euros de inversión acumulada en los últimos años.
En concreto, Ibereólica, cuya matriz, Ibereólica SL, ya acabó el ejercicio 2012 (último disponible) con un fondo de maniobra negativo de casi 4 millones de euros por los recortes al sector y las dificultades para refinanciar sus plantas eólicas, tiene una decena de parques eólicos ubicados en España, en las provincias de Zamora, Ciudad Real, Asturias y Almería, con unos 190 MW de potencia, y dos plantas termosolares en Morón de la Frontera (Sevilla) y Olivenza (Badajoz) con 50 MW de potencia cada una.
El grupo, que ha dirigido sus inversiones en renovables hacia otros países con menos inseguridad jurídica que España como Chile y Brasil, promovió esos proyectos en termosolar, que supusieron una inversión conjunta de unos 600 millones de euros, junto con el empresario gallego Manuel Jove y el fondo internacional Infrared.
Este último fondo, que canaliza sus inversiones en el sector a través de The Renewables Infraestructure Group, con sede en el paraíso fiscal de Guernsey, también ha demandado por su cuenta a España ante el Ciadi para solicitar un arbitraje que determine una indemnización por los recortes retroactivos aplicados por el Gobierno. Su representante legal es el mismo que el de Renergy, el despacho Cuatrecasas y Gonçalves Pereira.
Las demandas de Renergy e Infrared Capital Partners se suman a las de los grupos RREEF Infrastructure (G.P.) Limited y RREEF Pan-European Infrastructure; Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energia Termosolar; Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg; el fondo de Abu Dhabi Masdar; y la estadounidense NextEra.
